Parafraseando una vieja sentencia, frecuentemente la verdad termina siendo una de las primeras víctimas de la polarización. Cuando la confrontación política se transforma en un campo de batalla de convencidos donde no hay cabida para matices, es difícil para la opinión pública construir criterios y lecturas equilibradas sobre lo que está pasando a su alrededor.
En esos momentos la verdad se vuelve algo relativo, es el reino de los prejuicios, pues la credibilidad de una información termina dependiendo de quien la emite o con quien se la asocia. Un experto en campañas electorales negativas decía que un buen rumor para ser eficiente no puede ser totalmente mentira. Se trata, pues, de modelar a conveniencia la verdad, callando algunas cosas, interpretando otras y exagerando las que convienen. Obviamente, en este tipo de contextos, es ocioso intentar identificar al que miente, pues los grupos en conflicto suelen recurrir, sin distinción, a verdades parciales que ensambladas de cierta manera ratificarán siempre sus convicciones. A la larga, estos debates de sordos, con cada uno encerrado en sus certezas, sin escuchar al otro o buscando descalificarlo para quitarle credibilidad, no contribuyen a fomentar una cultura de tolerancia y de confianza, que es una de las bases de la cultura democrática.
La reflexión anterior se aplica a las polémicas desatadas por la presentación de un reciente documental auspiciado por entidades gubernamentales sobre el tratamiento que algunos medios de comunicación le dieron al caso Zapata. Por una parte, el debate parece frustrarse casi desde su inicio debido a que en el documental se privilegia una sola de las interpretaciones sobre lo sucedido esos meses, lo cual es legítimo pero poco auspicioso para agrietar las murallas de los ánimos polarizados en la sociedad. Tampoco es alentador constatar que muchas de las críticas a ese trabajo no se refieren principalmente a los argumentos e hipótesis que se desarrollan, por muy equivocados o acertados que éstos sean, si no a la personalidad de quien lo produjo o a los supuestos intereses que lo motivaron. En síntesis, se insiste en repetir la misma lógica de diálogo imposible y de descalificación cruzada que contaminó el tratamiento del suceso desde su inicio.
Una reflexión serena y autocrítica de todos los que estuvieron involucrados en el caso sigue siendo una tarea pendiente. Más allá de las preferencias políticas de cada uno, ese suceso reveló disfunciones en la política, el Gobierno y la Justicia que deben tratarse. En lo que corresponde a los medios de comunicación, sería injusto no reconocer que existieron desajustes, varios de ellos graves, que deberían ser un aprendizaje para pensar las maneras de ejercer mejor nuestro rol de fiscalización del poder, pero igualmente para construir resguardos para que la información que transmitamos a los ciudadanos sea siempre de calidad.
