La mediación de la Defensoría del Pueblo consiguió solucionar este jueves el conflicto entre cívicos y el gobierno municipal de San Buenaventura. Para ello, ambas partes suscribieron dos actas de compromiso que establecen la reapertura de la Alcaldía y la entrega de informes para transparentar la gestión edil.
La información se encuentra contenida en un boletín de prensa de la Defensoría del Pueblo, en el que se recuerda que el 13 de noviembre miembros del Comité Cívico de esa región junto a representantes de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) tomaron y cerraron las oficinas municipales como protesta ante la falta de acceso a información sobre la gestión del Alcalde y se declararon en vigilia permanente hasta la fecha.
La mediación defensorial consiguió aplacar el conflicto con la firma de los dos compromisos y el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, destacó este logro porque dijo que evitará mayor perjuicio económico y social a esa población y posibilitará que exista mayor coordinación y efectiva fiscalización de la gestión municipal.
“Desde que surgió el conflicto, en tres oportunidades se hizo presente en esa población la Delegada Defensorial de La Paz, Teresa Subieta, acompañada del Jefe de la Unidad de Gestión Pacífica de la Conflictividad, Sandro Delgado, para gestionar un acercamiento entre las partes y evitar mayor tensión y hechos que se puedan lamentar”, recordó.
Explicó además que durante estos casi dos meses de conflicto, la Defensoría del Pueblo coordinó con autoridades y representantes de los Ministerios de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y de Autonomías para arribar a la firma de las dos actas “que permitirán la normalidad de las actividades en la Alcaldía de San Buenaventura”.
Las actas de compromiso fueron firmadas por el Alcalde Javier Delgado, la presidenta del Concejo Municipal, Eva Cartagena, el presidente del Comité Cívico de San Buenaventura, Lorgio Hirose, el viceministro de Transparencia, Jorge Antonio Flores, el Jefe de Gobernabilidad del Ministerio de Autonomías, Wilmer Calderón y las autoridades de la Defensoría del Pueblo.
Uno de los documentos establece la reapertura del edificio municipal con la entrega de todos los activos y documentación bajo inventario notarial.
El segundo acuerdo señala que el Concejo Municipal agotará todas las instancias pertinentes legalmente establecidas para hacer su trabajo de fiscalización, lograr un acercamiento y un trabajo coordinado con el Alcalde. Asimismo, establece que el la máxima autoridad edil debe presentar un informe económico y de gestión de manera pormenorizada por distritos en una audiencia pública hasta el 4 de febrero de 2017.
