En este año que se acaba, la economía boliviana ha logrado mantener un buen ritmo de crecimiento y una inflación baja, pese a un entorno externo desfavorable que ha provocado dificultades macroeconómicas en toda la región. Es un buen resultado que no debe llevar a la complacencia, pues los desafíos para sostenerlo seguirán siendo grandes.
Pese a la contracción de las exportaciones por la brusca reducción de los precios de las materias primas, la economía ha seguido creciendo en torno al 4%, impulsada por una demanda interna que se mantiene vigorosa y una fuerte inversión pública.
Al mismo tiempo, la inflación se mantiene controlada. Pero esos datos positivos coexisten, por segundo año consecutivo con importantes déficits en la balanza externa y en las cuentas públicas. Estos desequilibrios están siendo controlados gracias al “colchón financiero” que se acumuló en los años de bonanza, pero en ambos casos hay retos significativos para que no empiecen a afectar la estabilidad macroeconómica.
En el frente externo, la incertidumbre seguirá siendo el principal rasgo de la economía global. Es posible que los precios del petróleo y de otras materias primas mejoren sustancialmente en 2017, pero una rápida recuperación a los niveles previos a 2015 parece descartada. Por otra parte, una mayor apreciación del dólar frente a otras monedas muy probablemente podría encarecer el financiamiento de las economías emergentes y precipitar situaciones que exijan adaptaciones de la política cambiaria para evitar distorsiones riesgosas.
En el ámbito fiscal, el mantenimiento de una gran inversión pública no debería ser incompatible con un mayor rigor en el manejo del gasto y con mecanismos reforzados de evaluación de la prioridad, calidad e implementación de la inversión estatal.
En este año, el Gobierno ha dado señales ambivalentes. Por una parte habría empezado a contener la expansión del gasto corriente en el sector público, ha privilegiado las inversiones productivas y ha demostrado que no admitirá empresas deficitarias como Enatex. Pero al mismo tiempo, la crisis de EPSAS, los errores en la ejecución de ciertas infraestructuras o el traspaso fracasado del manejo del SOAT a una entidad pública indican que hay desprolijidades inaceptables y una urgencia de mejorar la priorización y los controles de la calidad de las intervenciones públicas.
Por estas razones, sería aconsejable que además de hacer lo posible para sostener el crecimiento económico en los próximos años, se evalúen los escenarios de estos déficits, a fin de identificar políticas que permitan reducirlos paulatinamente en un tiempo razonable.
El manejo económico sigue siendo uno de los activos del Gobierno que más reconocen los bolivianos y una de las principales razones de que el país se mantenga social y políticamente estable. No hay, pues, mucho espacio para los errores en este ámbito.
