Un fiscal pidió este miércoles que se investigue al presidente de Argentina, Mauricio Macri, a su padre, así como a miembros de su Ejecutivo y de la aerolínea Avianca, entre otros, por supuesta asociación ilícita, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias en el otorgamiento de rutas aéreas.
El expediente se inició por una denuncia de los diputados del sector kirchnerista del peronismo Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié, que habían cuestionado la reciente venta de la empresa «Macair Jet» -del grupo económico liderado por Franco Macri, padre del jefe de Estado- a la colombiana Avianca y las posibles contrataciones del Estado con dicha empresa.
El fiscal Jorge Di Lello solicitó al juez Sergio Torres impulsar una acción penal contra Franco y Mauricio Macri y otros funcionarios como el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
También al titular del grupo de empresas que conforma Avianca, Germán Efromovich, al CEO de «Avian Líneas Aéreas» Carlos Benjamín Colunga López y al titular de «Unidos Air S.A.» Diego Martín Colunga López.
El fiscal busca que se aclare si desde el Ejecutivo se quiso beneficiar a Avianca a través del otorgamiento de rutas en el marco del proceso de apertura del mercado aéreo que inició el Ejecutivo a finales del año pasado.
Tailhade y Cabandié, del kirchnerista Frente para la Victoria (FpV) habían denunciado también que el Gobierno dejó de utilizar la flota de aviones presidenciales para emplear servicios de empresas privadas.
Señalaron que la «privatización» del servicio de traslado de funcionarios, la búsqueda de aviones nuevos «por cifras millonarias» y las denuncias por el uso de aviones de la empresa familiar se produjo a principios de 2016, con la venta de Macair Jet a Avianca, operación que se realizó a través del Grupo Sinergy Speed, que controla Avianca Holding y Avianca Brasil.
El representante del Ministerio Público Fiscal señala en su dictamen que las cuestiones «controversiales» de la operación se asocian al desconocimiento del monto y la forma en que se pagó a la familia Macri Avian Líneas Aéreas.
«Comprar a la familia de un presidente una compañía aérea, con perspectiva de crecimiento intenso en el país, representa un beneficio extra a la hora de destrabar autorizaciones, ampliar rutas y desplegar un plan de negocios», reprocharon los denunciantes.
Di Lello subrayó además como significante que el pasado 13 de febrero, la Administración Nacional de Aviación Civil oficializó la entrega de rutas aéreas a Avianca a través de los dictámenes de la Junta Asesora del Transporte Aéreo de la Audiencia Pública, «autorizando la concesión por 15 años de todas las rutas solicitadas, en las que actualmente opera Aerolíneas Argentinas».
El dictamen de esa junta -que recomienda qué rutas aprobar, cuáles rechazar y cuáles aprobar con restricciones- arrojó, entre otros conceptos, que de las 26 rutas solicitadas por Avianca le fueron aprobadas el 100%, y de las 99 que pidió Fly Bondi, se le aprobaron 69, es decir un porcentaje de casi el 70%.
«Al respecto, se indica que Fly Bondi, que en los papeles es FB Líneas Aéreas, es de propiedad de Richard Guzman, y socio de la misma es Mario Quintana, actual Secretario de Coordinación Interministerial», remarca Di Lello, que solicitó a Torres la realización de una serie de medidas de prueba.
Desde que asumió el cargo en diciembre de 2015, Macri ha sido objeto de acusación por parte de varios fiscales.
La última, el pasado 14 de febrero, cuando un procurador solicitó que el jefe de Estado y otros miembros del Gobierno sean investigados por la polémica negociación de una millonaria deuda con el Estado que mantenía desde 2001 el grupo empresarial liderado por el padre del mandatario relativa al manejo de los servicios del correo oficial.
Además, el mandatario también resultó afectado por la filtración de los denominados papeles de Panamá, que en abril de 2016 revelaron que figuraba como miembro directivo de Kagemusha, inscrita en Panamá y Fleg Trading Ltd, registrada en Bahamas.
Tras la noticia, un diputado del FpV presentó una denuncia que aceptó el fiscal Federico Delgado, quien pidió indagar si el dirigente «omitió maliciosamente» su participación en dichas empresas en sus declaraciones juradas de bienes y activos.
«Más allá de que hagan denuncias todos los días, en ninguna hay nada real (…) Son cuestiones virtuales, no hay hechos concretos, no hay hechos consumados que acrediten lo que se denuncia», dijo el presidente en un reciente encuentro con medios españoles.
(01-03-2017)
