Hace cuatro años escribí un artículo en el cual mencionaba un fenómeno observado por el profesor británico John Hicks en mercados con altos índices de concentración, la vida tranquila, que permitía comportamientos ineficientes de las empresas respaldados por la capacidad de tomar decisiones en grupo; aspecto que afectaba en definitiva al consumidor de esos productos.
Este comportamiento fue ligado al sector financiero que tradicionalmente era conocido por su alta concentración y por definir altos intereses para préstamos y bajas tasas para los ahorristas, priorizando créditos comerciales que repercutieron en un amplio margen de ganancia.
No obstante, con la aprobación e implementación de la Ley Nº 393, se removieron las tranquilas aguas del sistema, marcando el curso de la política financiera con inclusión social y que permita garantizar a la población una de las necesidades básicas como la vivienda y orientar el financiamiento hacia lo productivo.
Las medidas contenidas en la Ley de Servicios Financieros no solo obligaron a las adormiladas entidades de intermediación financiera a despertar e ingeniar instrumentos financieros para satisfacer las necesidades de sectores productivos con amplia necesidad de financiamiento pero marginados del acceso al crédito.
Adicionalmente se establecieron metas para los créditos de vivienda social y productivo, como un nuevo reto para la banca, uno que se ha ido cumpliendo satisfactoriamente en cuanto a sus metas intermedias y no solo eso sino que las entidades lograron grandes avances; es así que el Banco Unión alcanzó ya la meta de cartera de vivienda social dos años antes del plazo, demostrando que una regulación estricta y buena gerencia permitirá generar mecanismos e instrumentos más eficientes.
Asimismo, la Ley planteó las líneas adicionales como el Fondo de Garantía a objeto de incluir a los sectores de la población con menor capacidad de pago al ámbito de la intermediación financiera, anteriormente relegados por el sistema.
Los resultados de esta medida fueron sumamente satisfactorios con más de $us 7.000 millones en cartera productiva y $us 1.665 millones en créditos de vivienda social beneficiando a cerca de 39 mil familias, todo esto ligado a un bajo nivel de mora que alcanza a 1,6%.
Sin embargo, la experiencia en cuanto a regulación macroprudencial indica que no se deben dejar cabos sueltos, es así que desde la gestión 2006 las medidas de política económica implementadas en el país permitieron dotar a la población de una mayor capacidad de ahorro y mejorar sustancialmente el acceso al crédito, de igual manera, la estabilidad económica alcanzada permitió dinamizar el mercado financiero repercutiendo en significativas y crecientes ganancias para el sistema financiero.
Desde el punto de vista tributario se han ido aplicando medidas orientadas, en primera instancia, a corregir aspectos en cuanto a la tributación del sector y por otra parte capturar parte de las crecientes ganancias y redistribuirlas a la población para continuar con las medidas de fortalecimiento de la demanda interna vía la inversión pública productiva y social, a objeto de mantener las estabilidad en cuanto al crecimiento de la economía.
Quedó demostrado que la banca ha podido generar utilidades a pesar de la estricta regulación; reflejando la solidez del sistema, además, la normativa financiera y tributaria aprobada en las últimas gestiones dejó en claro que existe un margen para mejorar e innovar en cuanto a la eficiencia del sistema.
