El ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentará los contenidos de la nuevas leyes de la coca y de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas en el 61 período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se desarrollará entre el 13 y el 15 de marzo en Viena, Austria, informó el lunes el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.
«Con las dos leyes, Bolivia, a la cabeza del ministro de Gobierno, Carlos Romero, y posiblemente el canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Fernando Huanacuni, vamos a asistir el día lunes al 61 período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas», informó en conferencia de prensa.
Recordó que ambas leyes reemplazarán a la Ley 1008, de régimen de la coca y sustancias controladas.
Según Cáceres, las dos leyes serán promulgadas por el presidente Evo Morales hasta el fin de semana, para ratificar «con mucha solvencia y precisión», ante la comunidad internacional, que la lucha contra el narcotráfico para Bolivia es una política de Estado.
Anunció que en ese encuentro internacional explicarán, particularmente, por qué la nueva Ley General de la Coca permitirá que la cantidad de cultivos de esa hoja milenaria se extienda de 20.300 hectáreas a 22.000 hectáreas.
«Pusimos esta meta de las 22.000 hectáreas para que el Estado nacional tenga control sobre ellas mismas y lleve adelante nuestra política de lucha contra las drogas en todo el territorio nacional, en este caso evitando que no haya coca excedentaria que alimente la actividad del narcotráfico», explicó.
Adelantó que Bolivia explicará que la nueva cifra de cultivos en el país fue pensada para que unas 14.000 hectáreas sean destinadas al acullico (masticado tradicional) y unas 7.000 se usen en la industrialización, «con fines estrictamente para uso médico y farmacéutico».
El Viceministro de Defensa Social dijo que en el caso de la Ley de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, Bolivia explicará que esa nueva norma incorporará una lista de productos químicos que tendrán un comercio controlado en el país, entre ellos, cemento y una diferenciación de penas entre grandes transportadores de droga y pequeños traficantes.
«En la nueva ley estamos hablando también de la discriminalización de la pobreza. Definitivamente el problema de la adicción de drogas no debe ser criminalizado (…) Tiene que ser un problema de salud pública», agregó.
Cáceres dijo que con esos argumentos del Gobierno demostrarán que la nueva norma para el caso de sustancias controladas estará acorde a los principios y los estándares internacionales de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas. (06/03/2017)
