Entre el gobierno de Colombia y las FARC, que implementan un acuerdo de paz para acabar con medio siglo de conflicto armado, se han presentado desacuerdos sobre el estado de las zonas de desarme donde se encuentran concentrados los guerrilleros.
Este lunes, el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) Carlos Antonio Lozada dijo en rueda de prensa que hay «87% de incumplimiento de los compromisos del gobierno» sobre lo acordado en el acuerdo.
Tras sellar la paz en noviembre, las FARC concentraron a sus casi 7.000 combatientes en 26 puntos del país, donde deberán desarmarse y prepararse para su reinserción a la vida civil, en un proceso bajo supervisión de la ONU que deberá cumplirse a fines de mayo.
La mayoría de las quejas de los rebeldes tienen que ver con retrasos de infraestructura en esas zonas.
«El gobierno se empeña en decir que ya están avanzadas en un 80%, nosotros tenemos (…) las pruebas documentales de que realmente eso no corresponde», dijo Lozada, añadiendo no obstante que también hay «dificultades» en otros asuntos como «los desarrollos legislativos y la lentitud en la aplicación de la ley de indulto».
En otra rueda de prensa, el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, explicó que «el retraso en unas pocas zonas se debe a tres factores principalmente»: el tardío acuerdo sobre la delimitación de algunos campamentos, que «hay zonas de muy difícil acceso» a las que ha sido «complejo» llevar material de construcción y que algunos comandantes de las FARC «hacen exigencias que no corresponden a lo acordado».
«Repúblicas independientes»
Pero la polémica sobre los 26 campamentos no se ha limitado a su estado de construcción.
Así, junto a Jaramillo, el general Javier Flórez, a cargo de temas militares del posconflicto, negó que las zonas de desarme puedan convertirse en «repúblicas independientes», como señalaron exuniformados días atrás.
Esos lugares vuelven «a quedar normal a partir del 29 de mayo», subrayó Flórez, mencionando la fecha final del desarme.
El viernes, en una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, militares retirados dijeron tener «serias preocupaciones» de que estos sitios se vuelvan «peligrosos asentamientos» que «se constituirían en graves amenazas y factor de perturbación, tal como aconteció en el pasado con las llamadas ‘Repúblicas Independientes'».
Esas «repúblicas» a las que hicieron referencia fueron creadas hace más de medio siglo por campesinos liberales que -bajo influencia comunista- reclamaban una reforma agraria en territorios que el Estado intentó reconquistar por la fuerza en 1964, impulsando la fundación de las FARC por parte de los sobrevivientes al ataque.
De su lado, Jaramillo no descartó empero que una vez una vez terminado el desarme se analicen opciones para evitar que las FARC tengan que salir «en desbandada a ver dónde se van a meter».
«En el marco de la reincoporación, una vez ya están las FARC en la legalidad, sin armas, podemos discutir cómo es esa transición a proyectos productivos, qué pasa con los campamentos, pero esas ya no son las zonas veredales» con las garantías de seguridad establecidas para la fase actual, añadió.
Pero al mencionar el futuro de las FARC tras el desarme, Lozada dijo que es «lógico» que tendrán que asentarse «en alguna parte». «No podemos vivir en el éter, en el espacio», aseguró.
Y agregó: «Hay que hacer la diferencia de que ese plazo de los seis meses para la dejación de las armas no tiene que ver con la reincorporación, que seguramente va a demandar un tiempo más prolongado».
