Un nuevo roce verbal se suscitó el fin de semana entre el fiscal general Ramiro Guerrero y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en el marco de las investigaciones sobre el secuestro y asesinato del viceministro Rodolfo Illanes, sucedido el 25 de agosto del año pasado, en medio de un conflicto entre el Gobierno y cooperativistas mineros por reformas a la ley de este sector. El motivo de este impasse —el anterior se presentó en septiembre— fue el conocimiento de la imputación fiscal en contra del excomandante policial coronel José Araníbar, por los delitos de incumplimiento de deberes y denegación de auxilio.
El rechazo de Romero a la acusación, bajo el alegato de que se busca sancionar “ilegalmente” el trabajo policial, derivó incluso en el cuestionamiento de Guerrero a la política de seguridad del Estado. Más aún, ello desembocó en críticas al fiscal desde la acera de la entidad policial y la apreciación del ministro de que Guerrero quiere ser protagonista de un “juego político”. Sin duda, son desencuentros que restan a esta averiguación que requiere del trabajo coordinado de la Fiscalía —como ente rector del caso— con el Ministerio de Gobierno y la Policía, para hallar a los culpables. Sin olvidar que también queda por esclarecer la muerte de cuatro mineros por impactos de bala.
