La representante a.i. en Bolivia de ONU Mujeres, Carolina Taborga, gestiona una reunión con el ministro de Justicia, Héctor Arce, con el fin de allanar la declaración de emergencia nacional ante la ola feminicida, que ya segó 26 vidas en 2017, según una ONG.
Alarmada por los crímenes en los primeros 66 días —26 según el Centro de Capacitación y Servicios para la Mujer (Cecasem) y 20, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado—, Taborga contó que tocará puertas del Gobierno.
“Ahora que hubo cambio de autoridades, estamos estableciendo relaciones con ellos. Por ejemplo, cambió el Ministro de Justicia y por eso continuaremos abriendo estos espacios de diálogo”.
El vigésimo feminicidio fue perpetrado el domingo en Cochabamba. La subteniente Pamela Cardina T. R., de 25 años, fue asesinada en una unidad militar por el teniente Ciro Sergio S., de 27. El militar le disparó tres veces —en la pierna, en el tórax y en la cabeza —con un fusil de asalto porque ella se negó a retomar la relación. El asesino, quien tenía orden de restricción, se quitó la vida.
Taborga, que en octubre de 2016 solicitó que se declare emergencia nacional por el asesinato de mujeres en razón de género, reiteró esa solicitud.
“Se debe declarar emergencia nacional para que todos puedan dar una respuesta efectiva, como cuando hay una emergencia climatológica. Hay que decir basta a la violencia y mostrar el compromiso de todas las autoridades y de la sociedad civil”.
Esa declaración permite activar medidas, acciones y movilizar recursos con el fin de “afrontar el problema de manera eficiente y resolverlo” preservando los derechos de la población femenina.
La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348), aprobada en marzo de 2013, dispone que está en manos del Ministerio de Justicia tomar esa decisión.
La directora del Cecasem, Patricia Bustamante, informó que en los primeros 66 días de este año (dos meses y siete días) hay un incremento del 200% de estos crímenes respecto al mismo periodo del año pasado.
“Hasta junio de 2016 teníamos 30 casos de feminicidio, ahora ya estamos por los 26, por eso creemos que la Ley 348 debe ser abierta, porque es más punitiva que preventiva y se debe trabajar mucho en lo último”.
La organización no gubernamental anunció que comenzará a socializar la necesidad de reformar ese instrumento legal, aprobado tras el feminicidio de la periodista Hanalí Huaycho (2013). “Se está naturalizando la violencia contra la mujer, por eso la ley debe ser más preventiva”.
Julieta Montaño, directora de la Oficina Jurídica para Mujer (OJM), opina que no es necesario cambiar esa norma.
“Sería precipitado hacerlo cuando no se ha cumplido ni el 20% de lo que dice la Ley 348. Aquí el Estado, representado por gobernaciones y alcaldías, debe hacer campañas de prevención”.
Taborga considera que la aplicación de la Ley 348 puede mejorarse, para lo cual se necesita “un trabajo interinstitucional y reforzar la prevención en colegios, centros de salud y otros”. La pena por feminicidio es 30 años de prisión.
