Como todos los años por estas fechas, también ahora se hacen públicos los principales planteamientos con relación a los incrementos salariales y otros componentes de la política laboral, que se adoptarán el 1 de mayo. Me parece oportuno, por tanto, hacer algunas reflexiones sobre este tema.
En primer lugar, el Gobierno en los años anteriores determinó el monto del salario mínimo nacional y el aumento porcentual al salario básico, sin tomar en cuenta los convenios internacionales de concertación tripartita de las políticas laborales. Como es sabido, el tripartismo fue establecido en los años 20 del siglo pasado como uno de los componentes fundamentales de la cohesión social, y desde entonces es práctica usual en la mayor parte de los países europeos y de América Latina. En tal contexto, la negociación entre los representantes del Gobierno, los empleadores y los trabajadores asalariados se llevan a cabo anualmente con el propósito de acordar los parámetros de referencia para las decisiones sobre un conjunto amplio de componentes salariales y de empleo, a partir de una evaluación compartida sobre la coyuntura imperante.
El gobierno del MAS considera, en cambio, que el incremento salarial anual forma parte de su política de redistribución de ingresos, que consiste en la determinación del aumento salarial a partir de acuerdos establecidos con las cúpulas sindicales. De esta manera, el salario mínimo nacional ha aumentado desde un monto de 500 bolivianos en 2006 a 1.805 bolivianos en 2016, incremento que supera largamente el crecimiento de la economía, de la inflación y de la productividad en ese lapso. Lo que nadie ha calculado es la cantidad de empleo que se hubiera generado con una política salarial más apropiada.
Habría que considerar además que la coyuntura ha variado significativamente con relación a los años pasados, y que los salarios concedidos por el Gobierno no se han traducido en beneficios efectivos para todos los trabajadores, en razón de las distorsiones del mercado laboral. En consecuencia, sería muy recomendable que este año se tome en cuenta la situación general de la economía, por un lado, y la existencia de una enorme proporción de empleados informales que no están amparados por normativa alguna, por otro.
La reposición del poder adquisitivo debido al aumento del nivel general de precios medido por el Índice de Precios al Consumidor tendría que incluir la consideración de que el propio Gobierno ha puesto en vigencia dos políticas que afectan al comportamiento de los precios internos: la sobrevaluación del tipo de cambio y la importación de productos de consumo masivo, cuando la disponibilidad nacional no es suficiente.
Es preciso hacer notar, por último, que el principal empleador en Bolivia es el propio Estado; que la nómina de sueldos y salarios es el rubro más importante del gasto público corriente, y que el Presupuesto General del Estado ya contempla un abultado déficit para este año, cuyo financiamiento se hará mediante las reservas internacionales, la deuda pública o la emisión monetaria, o las tres cosas a la vez, lo que provocará presiones inflacionarias en una economía que ha perdido dinamismo.
Estos y otros argumentos podrían fundamentar un justificado cambio de enfoque en la política salarial de este año, consistente en la negociación tripartita; la búsqueda del equilibrio entre la preservación del nivel del salario real y los incentivos para la generación de empleo decente en los sectores productivos; la igualación de las remuneraciones para hombres y mujeres; la introducción de indicadores sobre la productividad, y el inicio de un proceso de deliberaciones estructuradas referidas a las imprescindibles actualizaciones de la normativa laboral, para lo cual ya se cuenta con algunos avances conceptuales muy importantes.
Es economista.
