El esquema de corruptelas de la Organização Odebrecht y su filial petroquímica Braskem es ejemplo destacadísimo de “democratización de la corrupción”: gobiernos y partidos de izquierda y de derecha aparecieron entre los receptores de 778 millones de dólares en sobornos de Odebrecht entre 2001 y 2016 que el Departamento de Justicia de EEUU, bajo la Foreing Corrupt Practives Act de 1977, a fines de diciembre —aún Obama presidente— aventó para amargarles las fiestas.
La lista denunciada es amplia y muy variada (todo en millones de dólares): Argentina (35 con beneficios de 278), Brasil (349, el mayor, redituaron 1,9 billones), Colombia (11 para beneficios sobre 50), República Dominicana (92 para más de 163), Ecuador (33,5 para más de 116), Guatemala (18 para 34), México (10,5 para más de 39), Panamá (59 para lograr 175), Perú (29 y ganó 143) y Venezuela (98) de este lado del Atlántico, Angola y Mozambique del otro. Por etiqueta ideológica, los gobiernos latinoamericanos de la izquierda del siglo XXI y afines —Argentina (2007-2014, gobernando Néstor y Cristina Kirchner), Brasil (2003-2016, con Lula, acusado de recibir sobornos de Odebrecht y Andrade Gutierrez y “beneficios” de OAS, y Dilma Rousseff), Ecuador (2007-2016 durante Rafael Correa, además del escándalo de Petroecuador y Refinería Esmeralda) y Venezuela (2006-2015, con Hugo Chávez y Nicolás Maduro)— fueron los más corrompidos con 515,5 millones, seguidos por los de izquierda moderada —República Dominicana (2001-2014, con Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina) y Perú (2005-2014, Alejandro Toledo con orden de captura internacional, además de Ollanta Humala y su esposa y funcionarios de Alan García)— con 121 millones y los de derecha con 98,5 millones los menos —Colombia (2009-2014: final de Álvaro Uribe y durante Juan Manuel Santos, sindicado de “aportes” a su reelección), Guatemala (2013-2015 durante Otto Pérez Molina, destituido y preso), México (2013-2014, con Enrique Peña Nieto) y Panamá (2010-2014 gobernando Ricardo Martinelli y sindicados sus hijos, aunque el actual Juan Carlos Varela fue acusado por su exministro Ramón Fonseca de recibir dinero para su campaña); en Angola, entre 2006-2013 funcionarios del gobierno del eterno presidente (desde 1992) José Eduardo dos Santos recibieron 50 millones de dólares (y la empresa se benefició con casi 262) y en Mozambique 900 mil (2011-2014, gobernando Armando Guebuza). Y ésta es la punta de otros ovillos: faltan desenredar los de las otras constructoras involucradas en el escándalo de Petrobras, como el Grupo OAS, actualmente investigado en Chile por la Fiscalía por presunto financiamiento a la campaña electoral de la presidenta Michelle Bachelet y en Perú en proyectos en Lima durante Luis Castañeda y Susana Villarán (OAS era la empresa que iba a construir la carretera por el TIPNIS).
Los 778 millones beneficiaron con cerca de 3.336 millones a la Organização Odebrecht, pero su falta de ética le conllevó multas por 3.500 millones en Estados Unidos, Suiza y Brasil (la constructora 2.600 millones y Braskem 957 millones).
Las delaciones compensadas de Marcelo Odebrecht y 77 de sus ejecutivos, como la peste negra que azotó Europa en el siglo XIV, tendrán consecuencias mayúsculas previsibles para políticos corruptos de cualquier ideología, a los que A canção de Marcelo sonará como trompetas de Jericó con ellos dentro.
