Tras ocho años de haberse promulgado la Constitución Política del Estado (CPE), el 7 de febrero de 2009, son al menos cinco las áreas estratégicas —medio ambiente, seguridad y defensa, administración del Estado, hidrocarburos y el sector laboral— en las que no hubo ningún avance legislativo reglamentario o de desarrollo del texto constitucional; en las referidas cinco temáticas debían aprobarse un total de 25 leyes.
Se trata de un compromiso incumplido por el Movimiento Al Socialismo (MAS), pues dichas normas son parte de las “100 leyes para implementar la nueva Constitución” (99 en realidad) que dicho partido inscribió en su Plan de Gobierno Bolivia Avanza (presentado para las elecciones de diciembre de 2009); responsabilidad del oficialismo pues, como reconoce el diputado Javier Zavaleta, desde 2009 administra los dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
De las 99 normas que el MAS previó aprobar en seis meses (según el vocero del partido de entonces, Jorge Silva), 40 fueron promulgadas (40%), quedando pendientes 59 (60%).
En medio ambiente, el “patito feo del Gobierno”, se proyectaron ocho leyes (de Recursos Naturales, de Servidumbres Ecológicas, del Sernap, entre otras); no se hizo ninguna. En Seguridad y defensa había siete (una nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, Ley del Estado de Excepción, Código Penal Militar, Ley Orgánica de la Policía, entre otras), tampoco se avanzó. En Administración del Estado, donde estaban, por ejemplo, las leyes del Órgano Ejecutivo y del Legislativo, de siete solo se aprobó una. Mientras que en Hidrocarburos y en el área Laboral, de las dos normas de desarrollo constitucional por cada sector, ninguna fue llevada adelante (ver infografía).
El analista constitucional Iván Bascopé explica que si bien las normas en el área de medio ambiente son de tipo estratégicas, al Gobierno no le conviene impulsarlas porque pueden obstaculizar sus políticas públicas referidas, por ejemplo, al desarrollo energético del país.
Dice que el no contar con una ley de medio ambiente acorde a la nueva realidad impide que se tenga reglamentos para operaciones en las áreas de minería, hidrocarburos, infraestructura, carreteras, sector energético, entre otros. En su criterio, tanto el Ejecutivo como la población se conformaron con la Ley de la Madre Tierra, la que solo enuncia preceptos, principios y valores ya establecidos en la Carta Magna.
En criterio de la experta en materia constitucional Marcela Martínez, las normativas en medio ambiente y protección de los recursos naturales no avanzan porque no es una prioridad para esta administración. “Las autoridades aparecen con una etiqueta que no cumplen, como la protección a la Madre Tierra”, afirma.
Otra de las áreas que no muestran progreso es la Administración del Estado. Bascopé puntualiza que no se aprobará una ley para el funcionamiento del Órgano Ejecutivo porque ésta se constituiría en “una camisa de fuerza” para este poder del Estado en vista de que tendrían que establecerse procedimientos para la creación de ministerios, por ejemplo.
Para el diputado Zavaleta (MAS) es necesario que se apruebe una ley del Ejecutivo porque a través de ella se establecerán responsabilidades y atribuciones, las que quedarían institucionalizadas más allá del actual gobierno. En el caso del Legislativo, según el asambleísta, una normativa así posibilitaría la institucionalización de su trabajo y este Órgano no estaría sujeto a reglamentos que vienen del viejo Congreso.
El asambleísta también explica que hasta la fecha no se aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos o una norma para YPFB porque las prioridades de las actuales autoridades cambiaron: ya no consideran necesaria una normativa de esta naturaleza. Zavaleta cree que este tema debería ser una prioridad antes de 2019, año electoral, porque YPFB cambió su forma de administración, pues ahora es una Corporación y requiere una norma de esa jerarquía para que la regule, dado que no se trata de cualquier empresa pública.
En el ámbito laboral, una nueva Ley de Trabajo y su Código Procesal están pendientes por falta de un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB). “Mientras tanto seguimos regidos por un código anacrónico”, manifiesta Zavaleta. Martínez por su lado lamenta que hasta hoy siga vigente el 21060, que viola los principios laborales. Este tipo de normas persisten, dice, porque el Gobierno relega su reemplazo.
En lo que sí hubo avances es en leyes de desarrollo que hacen al ámbito judicial. No obstante, se considera que las mismas son insuficientes y no se cumplen.
La diputada Lourdes Millares (Unidad Demócrata) indica que si bien hubo progreso en cuanto a la aprobación de leyes referidas a la justicia, todavía hay insatisfacción con las mismas porque no se resolvió el tema de fondo, es decir, la desinstitucionalización del Órgano Judicial. Por ello, considera que para que la Justicia mejore se le debe “quitar” el carácter político que ha adquirido bajo la subordinación al Órgano Ejecutivo. Para esto cree que se deben modificar algunas de las normas ya aprobadas y recuperar la institucionalidad.
Según el analista Bascopé, no se notan avances en materia judicial pese a existir un marco legislativo, ello porque las normas en el área son solo declarativas que permiten el reconocimiento de derechos. “Seguimos con la misma estructura, con el mismo presupuesto, los mismos operadores, pero sobre todo la misma mentalidad de cómo trabajar en este tema”, asegura Bascopé.
El diputado Zavaleta sostiene que a nivel legislativo el tema de justicia está resuelto y que más bien el problema pasa por la aplicación de esas normas. “Los problemas de la justicia no pasan por una ley, sino por asignarle más presupuesto, modificar las prácticas de los profesionales en derecho y una lucha contra la corrupción más efectiva. La administración misma de la justicia no es un tema de leyes”, asevera.
Otro ámbito en el que debe haber reformas, coinciden Millares y Bascopé, es en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, porque los niveles subnacionales de gobierno aún no logran el proceder autónomo.
Si bien están pendientes normas en Seguridad y Defensa, el legislador Zavaleta dice que, salvo la de Régimen Penitenciario, sí es necesaria, el resto no causa estado.
