El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, solicitó este martes la apertura de 83 investigaciones contra políticos con fueros en el marco del escándalo de corrupción en Petrobras, el principio de una tormenta provocada por las confesiones de exejecutivos de Odebrecht.
Al menos cinco ministros del presidente conservador Michel Temer aparecen en la lista, incluido su jefe de gabinete, Eliseu Padilha, y el nuevo canciller, Aloysio Nunes, además de los presidentes de ambas cámaras del Congreso, según varios medios locales.
De acuerdo con estos reportes, también figuran los expresidentes de izquierda Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016).
Janot envió los pedidos al Supremo Tribunal Federal (STF) «con base en los acuerdos de delación premiada firmados con 77 ejecutivos y exejecutivos de las empresas Odebrecht y Braskem», filial petroquímica de la constructora, precisó la Fiscalía en un comunicado.
Además de las 83 investigaciones que involucran a políticos con fueros, la fiscalía pidió abrir otras 211 investigaciones en instancias inferiores, que tratan denuncias contra personas sin fueros, como sería el caso de Lula o Rousseff.
Ni la fiscalía ni el STF confirmaron la identidad de los involucrados porque los detalles se encuentran aún bajo secreto de sumario.
Pero algunos testimonios filtrados en los últimos meses a la prensa ya apuntaban directamente a integrantes de la cúpula del PMDB, el partido de Temer, quien asumió el poder en 2016 después de que el Congreso destituyera a su exaliada Rousseff.
El poder de daño de la delación genera tensiones en el Congreso, que concentra su atención en distintas iniciativas para amnistiar delitos ligados a la financiación de campañas y relega a segundo lugar las tentativas del gobierno de apurar una espinosa reforma de las jubilaciones.
Con la economía sumergida en la peor recesión de la historia, Temer sostiene que su prioridad es sacar al país de la crisis y crear empleos. Pero las filtraciones de algunas delaciones de Odebrecht lo salpican directamente, junto a varios de sus principales asesores.
Después de aclarar que no pretende «blindar» a ningún miembro de su gobierno de la investigación Lava Jato, el mandatario afirmó recientemente que esperará a que aquellos ministros eventualmente mencionados por delatores sean formalmente procesados antes de removerlos de sus cargos. Una etapa del proceso que puede demorar en llegar. Desde que reemplazó a Rousseff en mayo de 2016, Temer ya perdió a seis ministros por causas vinculadas a la Operación Lava Jato.
Expediente bajo llave
Quien determina la apertura de las investigaciones es el juez del STF Edson Fachin, encargado de este caso en la máxima corte del país en reemplazo de Teori Zavascki, que falleció en enero en un siniestro aéreo.
El STF debe decidir ahora si hay elementos para abrir las investigaciones solicitadas, que pueden conducir a formular las denuncias correspondientes.
En su pedido de este martes, Janot solicitó a la corte suprema levantar el secreto de todo el material, para «promover la transparencia y garantizar el interés público». En una inusual carta pública a los fiscales del país, Janot agradeció al equipo de Curitiba -donde está radicada la Lava Jato y donde despacha el implacable juez Sergio Moro- por haber hecho posibles esas multitudinarias confesiones premiadas con Odebrecht e hizo también otra advertencia.
«Las revelaciones que surgen de las declaraciones (…) nos confrontarán con la triste realidad de una democracia bajo ataque y, en gran medida, manchada en su esencia por la corrupción y por el abuso de poder económico y político», dijo el fiscal, que quiso remarcar que el trabajo conjunto de los fiscales «jamás podría tener la finalidad de criminalizar la actividad política» sino fortalecer la democracia. Unos 116 fiscales tomaron más de 950 declaraciones judiciales a los delatores de la constructora en comparecencias que fueron filmadas.
El material -que incluye unos 500 GB de archivos digitales- será divulgado cuando lo ordene el juez Fachin. Hasta que esto ocurra, los testimonios y documentos permanecerán en una «sala-cofre» de la corte, a la que «sólo funcionarios autorizados tienen acceso», informó la asesoría del tribunal.
La Operación Lava Jato (lavadero de autos), lanzada hace tres años, destapó una trama de corrupción en la estatal Petrobras, expoliada por políticos y constructoras para financiar campañas y enriquecer a políticos. Los desvíos de fondos públicos superaron los 2.000 millones de dólares.
Las condenas ya dictadas en la primera instancia de la Justicia (que juzga a personas sin fuero privilegiado) suman ya más de 1.300 años de cárcel.
(15/03/2017)
