Argentina y Brasil, las economías más importantes de la región y hasta hace menos de dos años a la cabeza de gobiernos progresistas, han tomado un giro de 180 grados hacia políticas económicas neoliberales, retrocediendo veinte años. Esta situación no deja de llamar la atención, toda vez que los gobiernos progresistas salientes llevaron adelante profundos cambios a nivel de la economía de su población. Brasil sacó a 40 millones de personas de la extrema pobreza. Argentina, mediante políticas de redistribución directa, permitió mejorar los ingresos de los más pobres, mejoras en educación, es así que la Universidad Pública de Buenos Aires está catalogada como una de las mejores del continente. La emergencia de los gobiernos progresistas fue producto de la conciencia ciudadana, fueron amplios sectores de la población que apoyaron en Argentina a Néstor y Cristina Kirchner, en Brasil a Lula y Roussef, en Bolivia a Evo Morales, en Ecuador a Rafael Correa, en Venezuela a Hugo Chávez, en Uruguay a Pepe Mujica y en Paraguay a Fernando Lugo.
Sin embargo, a pesar de los importantes avances en favor de la población, vemos cómo en Brasil y Argentina mediante argucias legales y segunda vuelta de escaso margen respectivamente, gobernantes neoliberales están revirtiendo el avance alcanzado. Lamentablemente, el acicate de estos cambios tiene como bandera las prácticas de corrupción de las autoridades de los gobiernos salientes de manera directa e indirecta y que irónicamente fue lo que caracterizó a los gobiernos neoliberales del pasado. Petrobras, la empresa emblemática de Brasil es el caso más elocuente. En este contexto, retorna el discurso fondo monetarista de la disciplina fiscal, subida de tarifas de los servicios básicos: agua, electricidad, etc., en beneficio de las empresas transnacionales. Es aquí donde nos preguntamos: ¿Las prácticas de corrupción en gobiernos progresistas pueden echar por tierra los derechos de la población? Claro que no, porque no fueron concesión de los gobernantes progresistas, sino fruto de la lucha de los pueblos luego de veinte años de neoliberalismo que destruyó el aparato productivo nacional en favor de las empresas transnacionales. Políticas, a las cuales se les dijo basta, dando a los gobiernos progresistas la oportunidad de llevar adelante políticas en favor de la población. Al parecer algo falló, ya que el neoliberalismo está retornando y al parecer el error está en los modelos económicos implementados, puesto que avanzar en la industrialización y “desarrollo” sin ton ni son, no es la solución para cerrar las brechas entre pobres y ricos, y menos para generar sociedades solidarias y de oportunidad para las generaciones del presente. Ampliar el consumismo no mejora la calidad de vida de la población. En síntesis, la búsqueda de un crecimiento económico espejo de los países desarrollados, aunque se priorice la producción y consumo de los pequeños productores, no es el mejor camino, y menos en un entorno capitalista que se reactiva permanentemente a partir de sus crisis, y que ahora se refleja en la caída de los precios de las materias primas, con sus consecuencias evidentes para los más pobres de los países productores. Es necesario dar un golpe de timón certero hacia un nuevo proyecto civilizatorio si se quiere realmente avanzar como sociedad. La Constitución Política del Estado Boliviano puede ser un faro a seguir.
