El Consejo de Ministros de Alemania aprobó este miércoles un proyecto de ley para agilizar la expulsión de solicitantes de asilo rechazados, que permite el acceso a los dispositivos móviles de los demandantes y endurece las medidas contra los que suponen un peligro para la seguridad.
Según el proyecto de ley, la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (BAMF) tendrá la potestad, con la que ya cuentan las oficinas de extranjería, de acceder a los dispositivos móviles para determinar la identidad de los demandantes, en concreto su nombre y su país de origen, en caso de no contar con los documentos identificativos pertinentes.
Un portavoz del Ministerio de Interior precisó a este respecto que la medida no se aplicará «de manera generalizada» a los móviles de todo peticionario de asilo, como parte del proceso de evaluación de su solicitud, sino sobre casos «muy específicos».
«Se realizará en casos muy aislados», insistió, sin concretar una cifra o porcentaje, dejando claro que afectará a una «muy pequeña proporción» de solicitantes, y que se procederá «de forma acorde a la legislación vigente» en cuanto a la protección de datos personales.
La mayoría de los peticionarios con perspectivas de recibir asilo por proceder de determinados países cuenta con documentos identificativos, señaló.
Se trata de una medida «inteligente y razonable» para determinar la identidad, subrayó en una comparecencia ante la prensa el titular del Interior, Thomas de Maizière, al presentar el proyecto de ley, que confió pueda ser aprobado por el Parlamento antes de las elecciones de septiembre próximo.
Agregó que «no es mucho pedir» que el Estado tome medidas para cerciorarse de la identidad de una persona que está demandando protección.
Muchos de aquellos con pocas probabilidades de permanecer en Alemania no disponen de un pasaporte válido, «pero sí de un teléfono móvil», lo que permite presuponer que «quieren prolongar su estancia en el país obstaculizando su identificación», agregó.
La BAMF podrá, asimismo, compartir datos sobre la identidad de los peticionarios con las autoridades competentes sin que ello suponga una violación de la privacidad de estas personas.
El proyecto de ley facilita también la detención para su expulsión de aquellos peticionarios de asilo rechazados que representan una amenaza a la integridad física o a la seguridad nacional y contempla la introducción de tobilleras electrónicas para una mejor vigilancia de sospechosos.
Por otra parte, los estados federados podrán obligar a los peticionarios a vivir durante un tiempo determinado en un centro de primera acogida, prorrogable para aquellos solicitantes sin perspectivas de recibir asilo, que podrán ser expulsados directamente desde allí a sus países de origen.
Además, el margen de movimiento de los demandantes rechazados que obstaculizan su expulsión con datos falsos podrá quedar reducido a la zona en la que se encuentra la oficina de extranjería que lleva su caso.
Según el proyecto de ley, el tiempo máximo de internamiento previo a la fecha de la deportación se ampliará de cuatro a diez días para ofrecer un margen a la organización, por ejemplo, de expulsiones en grupo.
Está previsto que los servicios sociales de atención al menor puedan presentar con mayor celeridad solicitudes de asilo para refugiados menores de edad no acompañados.
En vista de la elevada cifra de solicitudes rechazadas que se prevén para este año, es «importante» que Alemania sea capaz de ejecutar la salida obligatoria de aquellos demandantes sin derecho a asilo -más de 200.000 según las últimas cifras-, subrayó el ministro.
«Naturalmente, las salidas voluntarias siguen teniendo prioridad», agregó.
El año pasado llegaron a Alemania 280.000 peticionarios de asilo, un 68% menos que en 2015, cuando el país recibió a 890.000 refugiados.
(22-02-2017)
