El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé reunirse esta semana con las principales autoridades de la Asamblea Legislativa para pedir “reformas puntuales” de Ley 026 de Régimen Electoral, de cara a las elecciones judiciales previstas para octubre.
Los ajustes a la normativa electoral apuntan a mejorar el trabajo y la logística del proceso, respecto al diseño de las papeletas y la presentación de los postulantes para hacerlos visibles ante la población, y así generar un voto informado.
El vocal José Luis Exeni sostuvo a La Razón que estas “reformas puntuales” de la actual ley electoral permitirán una “mejor administración” de los comicios de octubre.
En la primera elección judicial de 2011, por ejemplo, “la papeleta era gigante, inmanejable donde había que poner cinco votos y sabemos que hubo dificultades de una parte de la ciudadanía en emitir esos votos”, explicó Exeni, quien no descarta, incluso, dos papeletas.
En tanto, la presidenta del TSE, Katia Uriona, explicó a este rotativo que se solicitará al Legislativo hacer modificaciones “que faciliten tanto las características de la presentación de todos los postulantes y (…) el alcance de la visibilización de los perfiles de las candidaturas”.
Elección. El proceso previo para las elecciones judiciales se extenderá por 150 días: en los primeros 60, la Asamblea realizará el proceso de preselección de postulantes y en los restantes 90 días el Órgano Electoral deberá difundir los perfiles, organizar y realizar la logística para la jornada electoral.
En criterio de Exeni, se trata de un proceso “complejo y difícil”, sobre todo por lo que representa la difusión de méritos, el acceso a la información y la generación de espacios para conocer a los postulantes, lo que no hubo en las primeras elecciones de octubre de 2011.
La nueva Constitución Política, en sus artículos 182, 188, 194 y 198, dispone la elección mediante sufragio universal de las principales autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional.
Hace casi seis años, Bolivia asistió por primera vez para elegir a esos funcionarios, que durante su mandato fueron cuestionados por una serie de irregularidades, al punto que el Gobierno admitió que “se cometieron errores” durante el proceso de selección.
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