Bolivia formalizó el viernes una denuncia contra el Gobierno de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el trato hostil que sufrieron periodistas bolivianos en los aeropuertos internacionales de Iquique y Santiago, en medio de una tensión bilateral por un confuso incidente ocurrido en la frontera.
Esa denuncia fue entregada por el defensor del Pueblo de Bolivia, David Tezanos Pinto, al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, en una reunión en Washington, Estados Unidos, y en la que también participó el embajador boliviano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Diego Pary.
Según información oficial, esa denuncia contiene documentos relacionados a la vulneración de derechos de periodistas bolivianos en Chile y respalda la acusación que remitió la Defensoría del Pueblo el 30 de marzo a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH vía electrónica y fax.
Tezanos Pinto, al concluir el encuentro con Abrão, manifestó que el Estado boliviano aguardará un pronunciamiento favorable y la visita que corresponda del Relator para la Libertad de Expresión de esa instancia internacional.
«Hemos visto receptibilidad y tenemos la esperanza de que esto sea analizado, porque es un caso de afectación a un derecho primordial de las democracias. La libertad de expresión no es intrínseca y es legal en un Estado de derecho», argumentó en una conferencia de prensa.
El 24 de marzo, una periodista y un camarógrafo del canal estatal Bolivia TV fueron retenidos por Migración de Chile en el aeropuerto de la ciudad chilena de Iquique y obligados a no ejercer la labor periodística en ese país.
Tres días después, un grupo de periodistas bolivianos fue interrogado, sometido a un trato «humillante» y también privado de ejercer su profesión cuando desembarcaron en el aeropuerto internacional de Santiago, para participar en la inauguración de una nueva ruta para la aerolínea chilena LaTAM.
Según la Defensoría del Pueblo, la denuncia interpuesta ante la CIDH se realiza en el marco del artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, sobre la libertad de expresión.
Ese artículo señala que «toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y comprende el derecho de buscar y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras».
