Los familiares de los nueve funcionarios bolivianos detenidos en el penal de Alto Hospicio (Iquique-Chile) pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la aplicación de medidas cautelares para lograr su liberación.
“Se trata de evitar un eventual daño irreparable” explicó ayer el abogado de los familiares, Raúl Ruiz, quien hasta diciembre del pasado año fue cónsul en Iquique.
El profesional explicó a La Razón que la acción ante la CIDH corresponde a una incitativa de las familias de los funcionarios detenidos (dos militares y siete empleados de la Aduana Nacional) y que por ello no colisionará con el recurso que el Estado prevé plantear en Ginebra por este mismo caso.
La solicitud de la medida cautelar está basada en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, “a fin de evitar el daño irreparable, logrando la protección de manera inmediata y urgente de los derechos expresados en este cuerpo legal internacional”, según señala el escrito planteado por Ruiz.
El recurso señala que cuando la Policía de Chile capturó a los bolivianos, el 19 de marzo, éstos estaban ejecutando un operativo contra el delito transnacional del contrabando. Sobre la base de este escenario, hace notar que se trata de “agentes del Estado boliviano” en el cumplimiento de sus obligaciones.
“Este asunto debió haber sido considerado y resuelto directamente entre Estados, y no así en el marco de la jurisdicción chilena”, reclamó Ruiz luego de recordar que la mandataria chilena, Michelle Bachelet, y su propio canciller, Heraldo Muñoz, anticiparon una sentencia cuando aseguraron que el caso estaba vinculado con un robo, un extremo que hasta el momento no se ha probado.
