La decisión del Tribunal Constitucional que determinó la eliminación del artículo 12 de la Ley General del Trabajo ha producido un vacío jurídico en la regulación de las relaciones laborales en el país. Esta incertidumbre no ayuda a que se generen condiciones para sostener un crecimiento del 5%. El Gobierno debe preocuparse más de los problemas microeconómicos.
La Ministra de Planificación ratificó el objetivo de lograr un crecimiento del PIB superior al 5% este año. Para tal propósito se ha decidido dinamizar las inversiones del Estado y promover, con mayor intensidad, las iniciativas e inversiones privadas. Sin embargo, este esfuerzo contrasta con la gran incertidumbre que ha creado en el sector empresarial y laboral la abrupta eliminación del mencionado artículo de la Ley General del Trabajo, que abroga la figura del preaviso laboral, la regulación de los posibles tipos de contrato y la metodología para el cálculo del desahucio.
El Ejecutivo y los empresarios ya han manifestado sus preocupaciones sobre este punto, y se han anunciado varias opciones para regularizar los vacíos jurídicos creados por esta decisión judicial. Empero, más allá de una solución específica a este entuerto, esta situación es un nuevo ejemplo de la escasa importancia que le estamos asignando a las cuestiones microeconómicas como factores críticos para aumentar el empleo y la productividad.
Tal parece que para el Gobierno la expansión de la economía depende sobre todo de la cantidad de inversión que se le inyecta, lo cual es cierto, pero solo de manera parcial. Evidentemente una mayor inversión en equipamientos e infraestructuras tiene un potencial productivo, pero su uso eficiente depende de las capacidades de los trabajadores, de una adecuada organización de la producción y de sistemas de innovación que aprovechen ese potencial.
Una regulación progresista de las relaciones laborales en la que se defiendan los derechos de los trabajadores no debe convertirse en una camisa de fuerza, inflexible y burocrática, que penaliza a los que quieren cumplir con la ley, impidiendo a un empresario honesto finalizar una relación con un empleado que no cumple satisfactoriamente sus compromisos o que no se adapta a las diversas realidades productivas que existen en el país.
De igual manera resulta imperativo desburocratizar la maraña normativa que regula la creación de empresas, el pago de impuestos, o la posibilidad de incentivar la capacitación laboral. Una economía moderna debe proteger al trabajador, pero al mismo tiempo debe incentivar a los emprendedores que innovan, invierten y generan puestos de trabajo. Si no hay una revolución microeconómica, el riesgo es que la gran inversión que el país está impulsando genere finalmente pocos puestos de trabajo o beneficie solo a los importadores.
