La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) plantea que en la normativa boliviana relacionada con la construcción se incluya una disposición que obligue a las empresas del sector a tener un presupuesto específico para precautelar la seguridad de todos quienes son parte de una obra.
“En el sector de los hidrocarburos, se destina a cada ítem un presupuesto para seguridad” y existe “un mecanismo coercitivo” para hacer cumplir este mandato. “Eso no se da en la construcción, afirma el presidente de la institución nacional, Marco Fuentes.
En realidad, el único control que tienen los constructores o las empresas del sector para el cumplimiento de la protección de los trabajadores “es el Ministerio de Trabajo, que hace una inspección de rutina y que multa a la empresa o al profesional encargado. Eso es muy coyuntural, no se cumple a cabalidad”, sostiene el profesional.
PLANIFICACIÓN. Este costo adicional, agrega, “no tendría mucha incidencia en el monto (total) del contrato”.
Javier Espejo, del Colegio de Arquitectos de La Paz, indica que actualmente cada ítem de un proyecto de infraestructura tiene un monto destinado para “imprevistos”. “Ahí figuran cosas que puedan suceder como accidentes, muertes o también para la compra de instrumentos de seguridad”.
Lo que reciben las familias
Las familias de los fallecidos en obras de construcción reciben como compensación entre Bs 20.880 ($us 3.000) y 35.000 ($us 5.028), según representantes de los trabajadores e ingenieros.
Actores
María Céspedes
‘Que las firmas nos den cursos de seguridad’
“Los accidentes suceden también por la falta de responsabilidad de los compañeros. Es verdad que a veces no se usa el material de seguridad”. Por otra parte, “sugerimos a las empresas que nos den unos cursos de seguridad.
Otro tema es que en las obras no se hace una buena inspección. Las compañías deben tener sus propios inspectores, para el control del material y también para ocuparse de la calidad de protección que se da a los obreros”.
Enrique Núñez
El problema ‘es responsabilidad de todos’
La seguridad en la construcción “ha sido encarada de manera correcta por el Gobierno, desde una legislación, y ahora toca generar un plano de conciencia entre las tres partes: el albañil, el contratante y el Estado, como fiscalizador, para que esto pueda funcionar. La seguridad es responsabilidad de todos (…). Hay que buscar la manera coercitiva social y psicológica para que el trabajador use sus implementos” de protección.
