El principal argumento de Bolivia en la defensa de los nueve funcionarios detenidos en la frontera con Chile radica en que son agentes del Estado que estaban en un operativo de lucha contra el contrabando, un delito transnacional, pero la Justicia chilena los procesó como particulares.
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, explicó a La Razón que ese argumento, además de otros elementos jurídicos, es el sustento del amparo constitucional que Bolivia presentará ante la Corte de Apelaciones de Iquique para la liberación de los funcionarios por una “detención indebida”, ante la vulneración de “derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Agregó que durante el proceso hubo una “tipificación arbitraria” por parte de la Fiscalía y del juzgado que atendió la causa. “Se los está enjuiciando como personas particulares, siendo ellos funcionarios de un Estado, ahí hay una gran irregularidad; hay otros elementos más que por estrategia no conviene adelantarlos, que van a ser la base de la acción constitucional”, explicó Ferreira.
El 19 de marzo, siete funcionarios de la Aduana y dos militares fueron detenidos por Carabineros de Chile, en un confuso incidente fronterizo tras un operativo de lucha contra el contrabando. Los bolivianos fueron encarcelados preventivamente en Alto Hospicio-Iquique, por la sospecha de “robo, porte ilegal de armas y contrabando”. Ante esa acción, Bolivia prepara un amparo constitucional que reclama “detención indebida”.
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