El Ministerio Público ampliará la investigación sobre la contratación de compra de taladros para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a otras personas y no descartó un juicio al juez cautelar que atendió el jueves el caso y que lo postergó hasta este viernes.
El fiscal General, Ramiro Guerrero, informó de la decisión de ampliar la investigación luego que la Justicia enviara con detención preventiva a cinco suspendidos funcionarios de la estatal petrolera vinculados con la contratación de la firma Drillmec por $us 148 millones, que no fueron desembolsados.
“Va saliendo de las declaraciones que se toman, de las contradicciones de los propios investigados otros elementos más y esos elementos permiten definir, establecer los criterios y la teoría del caso que maneja el Ministerio Público. A partir de esos elementos y de esos criterios actúan los fiscales para poder convocar a más gente”, explicó.
Este viernes, la juez Cuarto Anticorrupción en lo Penal, Melina Lima, determinó la detención preventiva de cinco imputados en el caso Taladros. La medida extrema fue tomada ante riesgos de fuga y obstaculización.
Los cinco imputados demostraron que contaban con familia y domicilio, sin embargo no certificaron una fuente laboral ya que fueron suspendidos de sus funciones en la estatal YPFB tras la denuncia hecha por el Ministerio de Justicia y Transparencia el 18 de abril.
«Si hay elemento de participación de otras personas, de otras autoridades, sin duda, el Ministerio Público va a convocar ya sea en calidad de testigo ya sea en calidad de investigado y a partir de eso seguramente se va a tomar las decisiones que correspondan», añadió Guerrero consultado sobre la situación del presidente de YPFB, Guillermo Achá.
La defensa de los primeros imputados reivindició en la audiencia la inocencia de sus clientes y explicó que su labor estuvo enmarcada a los procedimientos y la normativa vigente para el tipo de contrato establecido, además que solo obedecían instrucciones superiores.
Bigmarck S. P., David P. A., Félix B. M. y Gizel S. R. fueron enviados a la cárcel de Palmasola en la ciudad de Santa Cruz y Julio C. N. deberá permanecer en el recinto de San Pedro en La Paz. Todos fueron imputadas por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
La decisión judicial fue tomada este viernes luego que la juez declaró el jueves en cuarto intermedio la audiencia para evaluar la documentación y dictar resolución.
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“Nos ha sorprendido demasiado la actitud y la conducta de la juez que el día de ayer en horas de la noche ha suspendido una audiencia de medida cautelar hasta el día de hoy a las 09.00, eso no ocurre, eso está fuera de toda norma legal”, cuestionó Romero.
“La juez está incurriendo en una falta gravísima”, añadió y anunció que el Ministerio Público evaluará si inicia un proceso por prevaricato tras haber postergado la cautelar para este viernes. “Nos ha sorprendido esa actitud, pese a los reclamos de los fiscales, esto no suele ocurrir, no es normal, no es legal”, dijo.
En la audiencia cautelar, la juez advirtió indicios de irregularidades jurídicas, administrativas y técnicas en la contratación de Drillmec, que fueron revelados por la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos.
El fiscal Ruddy Terrazas ratificó que hubo un favorecimiento a la empresa Drillmec en el proceso de contratación de compra de tres equipos de perforación. “Por los indicios que se tienen, presuntamente se tiene ese aspecto que sí se hubiera favorecido tanto por la parte técnica como la legal”, insistió. (2/06/2017)
