La Defensoría del Pueblo presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recursos de ‘amicus curiae’ (amigos de la corte), que recoge una serie de elementos jurídicos que respaldan la constitucionalidad de la ley de Identidad de Género, que fue demandada de inconstitucionalidad.
El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, explicó que la norma garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad reconocido en la Constitución Política del Estado y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Esto implica la potestad privativa y excluyente del individuo de hacer, omitir y construir sus proyectos de vida y sus modelos de realización individual, ejerciendo en la misma la libertad de optar por una determinada identidad personal, opción sexual, e identidad sexual, así como la obligación del Estado de garantizar este derecho”, insistió.
La Plataforma por la Vida y la Familia, a través de varios diputados y senadores, presentó una acción de inconstitucional contra la Ley de Identidad de Género 807. “Hablo del dato de sexo, este dato está siendo alterado y cambiado y falta a la verdad material. No porque cambiemos en un papel el sexo, la persona va a ser del otro sexo”, sostuvo el vocero nacional de Plataforma de la Vida y Familia, Eduardo Gutiérrez, en octubre de 2016.
La iniciativa legal, vigente desde mayo de 2016, permite a las personas transgénero cambiar de nombre, ser reconocidos con el sexo de su opción y la imagen que elijan. Recientemente La Razón publicó el matrimonio de una trans, luego de que lograra cambiarse, precisamente, de identidad.
Tezanos Pinto explicó que la inconstitucionalidad planteada solo constituye una “visión contraria a la obligación de garantía respecto a los derechos de las personas transexuales y transgéneros”.
Añadió que los cuestionamientos están sustentados “en cuestiones evidentemente subjetivas y discriminatorias”.
