El presidente del Poder Judicial de Perú, Duberlí Rodríguez, confirmó hoy que el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) será juzgado por delitos de lesa humanidad, aunque admitió que existen discrepancias entre los magistrados sobre la aplicación de esa figura jurídica.
«Serán los tribunales nacionales los que dirán si corresponde o no (sentenciarlo) por lesa humanidad. Ese es un tema de doctrina en el derecho penal; los juristas y jueces tienen posiciones discrepantes, no voy a decir cuál es mi punto de vista», explicó Rodríguez en declaraciones citadas por la agencia oficial Andina.
El presidente del Poder Judicial confirmó que la resolución de la Corte Suprema de Chile, que aprobó por unanimidad la ampliación de la extradición de Fujimori, habilita al Poder Judicial de Perú a seguir un proceso por el llamado caso Pativilca.
El exprocurador Ronald Gamarra explicó en su cuenta en la red social Twitter que este caso se produjo en enero de 1992, cuando el grupo militar encubierto Colina asesinó a 6 personas en los centros poblados de San José y Caraqueño, en Pativilca, un distrito de la provincia de Barranca, en el norte de la región Lima.
Gamarra consideró, en ese sentido, que la sentencia de la Corte Suprema de Chile «va en la misma dirección» que el fallo del tribunal peruano que en 2009 ya condenó a 25 años de prisión a Fujimori por delitos de lesa humanidad.
Agregó que ese fallo puede concluir en una «condena por homicidio», con la calificación «de lesa humanidad».
Tanto Fujimori, como sus familiares y seguidores, cuestionan que el tribunal que lo sentenció en 2009 haya aplicado la figura jurídica de lesa humanidad por las masacres de Barrios Altos y La
Cantuta, cometidas por el Colina en 1991 y 1992, respectivamente, y por el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.
Ese extremo ha sido la base de los recursos que han presentado ante diferentes instancias judiciales para solicitar la liberación del exmandatario, aunque el Tribunal Constitucional ya aclaró en
2016 que la sentencia fue por homicidio y secuestro agravado y que la calificación de «lesa humanidad» tiene un carácter declarativo.
Duberlí Rodríguez comentó, por su parte, que el nuevo proceso que se abrirá a Fujimori seguirá un camino distinto al del pedido de hábeas corpus que presentó Keiko Fujimori, la hija del exmandatario, el mes pasado para solicitar su liberación.
La II Sala del máximo tribunal chileno ratificó hoy, en un fallo unánime, una resolución adoptada en febrero pasado por el magistrado Ricardo Blanco, instructor del caso, respecto de dos delitos y la revocó respecto de un tercero.
Los jueces chilenos aprobaron ampliar la extradición de Fujimori por delitos de homicidio y asociación ilícita cometidos en Pativilca «por tratarse de delitos de lesa humanidad, imprescriptibles desde el punto de vista de la responsabilidad penal».
El fallo enfatizó que esos delitos «constituyen un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos».
Los magistrados revocaron, sin embargo, la decisión de Blanco sobre el delito de peculado (malversación de fondos públicos), que consideraron prescrito, y acusaba a Fujimori de haber autorizado el uso de 800.000 dólares de fondos públicos para que un amigo suyo, Augusto Miyagusuku, comprara terrenos agrícolas en el proyecto de irrigación Chavimochic, en La Libertad, al noroeste de Lima.
Fujimori, que renunció mediante un fax a la presidencia de Perú a fines del 2000 durante una visita a Japón, llegó en 2005 por sorpresa a Chile, donde fue detenido y sometido a un proceso de extradición, tras el cual fue entregado a la Justicia de su país en 2007.
En 2012, la Corte Suprema de Chile ya aprobó una primera ampliación de la extradición, para que Fujimori fuera juzgado por el desvío ilegal de fondos militares, que fueron utilizados para financiar la campaña electoral en la que buscó y ganó la reelección para el período 2000-2005. (06/06/2017)
