El expresidente peruano Ollanta Humala enfrenta de nuevo la sombra de su pasado como represor de las guerrillas en 1992, tras la decisión de la fiscalía de reabrir una investigación por presunto delito de lesa humanidad contra los militares de una base que comandó.
La investigación reabierta no menciona a Humala por su nombre y abarca de manera genérica a «los que resulten responsables de las torturas y desaparición de diversas personas en la localidad de Madre Mía ocurridas en la década de los 90», según indicó el sábado un comunicado del Ministerio Público.
La decisión de la fiscal Edith Chamorro se sustentó en la reciente difusión por la televisión local de «testimonios de dos nuevos testigos en el caso de presuntos asesinatos ocurridos en Madre Mía, en la región San Martín», en el noreste del país.
Según la fiscalía, «las víctimas habrían sido torturadas y arrojadas al río por orden de los mandos militares que controlaban la zona, luego que fueran acusadas de terrorismo».
«La aparición de los nuevos testigos constituye elementos suficientes para iniciar una nueva investigación, la misma que buscará establecer a los responsables de dichos asesinatos», destacó el organismo.
«En esos tiempos no había prisioneros. Basta que la gente te señalara que alguien es terrorista (…) Las personas que chapábamos, lo único que teníamos que hacer era eliminarlas», dijo el exsoldado Werner Melgarejo, integrante de la base Madre Mía cuando Humala la comandaba, en el programa de TV «Beto a saber».
En Madre Mía, Humala dirigió en 1992 como capitán del ejército, bajo el nombre de guerra de «capitán Carlos», una base militar encargada de la lucha antisubversiva en el marco del conflicto entre las fuerzas armadas y las guerrillas de Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).
En 2009 la Corte Suprema de Perú le sacó las castañas del fuego a Humala, al decidir no procesarlo y declarar «cosa juzgada» el caso de las desapariciones forzadas de dos personas en Madre Mía por falta de pruebas. En 2011, Humala ganó las elecciones presidenciales y gobernó hasta 2016. Nunca se sancionó a los responsables de los hechos.
El caso se remonta a 2006 cuando se abrió proceso a Humala por el secuestro y desaparición en 1992 de Natividad Ávila y de Benigno Sullca, en el distrito de Madre Mía. Jorge Ávila, testigo del hecho, se retractó de su testimonio original de acusar a Humala y el caso se archivó ese año.
El expresidente había denunciado a fines de abril pasado que la fiscalía buscaba reabrir un proceso ya archivado. En ese momento Humala aludía a evidencia conseguida con espionaje telefónico, donde se escucha al testigo de la desaparición de dos personas asegurar que le pagaron 4.500 dólares para desistir de acusar a Humala en el crimen.
Perú vivió entre 1980 y 2000 una guerra contra las guerrillas de Sendero Luminoso y el MRTA que dejó 69.000 muertos, según una Comisión de la Verdad. (6/05/2017)
