La renuncia de mujeres candidatas, electas o en función pública no será simple como en el pasado, ya que ahora un reglamento dispone que debe pasar por filtros como una entrevista confidencial para identificar si tras la dimisión existe acoso o violencia política. Si se identifica presión, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no dará curso al pedido y el caso pasará a la justicia ordinaria.
La determinación está contenida en el Reglamento para el Trámite de Recepción de Renuncias y Denuncias por Acoso y Violencia Política. La disposición establece que al momento de recibir la carta de renuncia, el Secretario de Cámara o el Asesor Legal hará una entrevista confidencial para conocer si es presentada de forma voluntaria y libre.
La ley de Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres define como acoso político al acto de presión, persecución, hostigamiento o amenazas en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública o en contra de sus familias para acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo.
La violencia política es entendida como las acciones y agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – publica; o en contra de su familia, para acortar su mandato.
El reglamento electoral dispone que en un acta se registrará el contenido de la entrevista a la renunciante para su remisión a la sala plena nacional o departamental. En caso de verificarse que la dimisión no fue presentada de forma personal o que hubo indicios de que es producto de violencia, acoso o presión política, será rechazada y el caso pasará a la Justicia.
La disposición también establece que las mujeres candidatas, electas o en función pública podrán presentar una denuncia escrita o verbal en caso de sufrir violencia política. La denuncia podrá ser presentada también por los familiares de la víctima, otra persona o una institución.
El paso siguiente es una entrevista confidencial al denunciante para elaborar un informe que en un plazo de cinco días deberá ser tratado en sala plena electoral para su remisión o no a la Fiscalía y a la Justicia.
En enero de 2015, La Razón informó que solo 13 de 272 casos denunciados (4,7%) entre 2010 y 2014 de acoso y violencia política contra las mujeres que ejercen cargos ediles tienen resolución administrativa o judicial. Además, unas 200 afectadas no iniciaron procesos legales en contra de los agresores.
Las denuncias podrán ser presentadas en oficinas del Servicio de Registro Cívico (SERECÍ).
La sanción contra el acoso político va de 2 a 5 años de cárcel, mientras que la violencia política tiene cárcel de 3 a 8 años.
