La gerente Legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Andina S.A., Carmen Tellería, fue enviada este lunes a la cárcel de Miraflores con detención preventiva por su vinculación con las irregularidades denunciadas en la contratación de la empresa italiana Drillmec para la provisión de tres taladros de perforación.
La juez Cuarto de Instrucción Anticorrupción, Melina Lima, determinó la detención preventiva de quien fue aprehendida el sábado en la población fronteriza de Yacuiba, Tarija, cuando pretendía fugar a la Argentina.
La investigación estableció que Tellería participó como secretaria del directorio de la estatal petrolera sin formar parte de la comisión encargada de la contratación e incluso habría elaborado el documento de la firma del contrato. Además habría presentado un aval especial conferido por el presidente de la estatal petrolera YPFB, Guillermo Achá.
Fue imputada por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes. El fiscal Ruddy Terrazas informó que diferentes elementos, como un informe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos y las últimas declaraciones de otros implicados, la vinculan con los hechos investigados.
«De acuerdo a las declaraciones de los imputados, Tellería tenía autorización de (Guillermo) Achá para que participe en todas las reuniones (de la comisión encargada del proceso de contratación)», afirmó Terrazas.
La defensa de Tellería negó que su cliente sea funcionaria pública y aseguró que no percibía sueldo del Estado, por lo que negó haya incurrido en incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. Mientras, la acusada dijo que su trabajo se enmarcó en la normativa y aseguró que no pretendía huir del país ya que no había algún pasaje que comprobara aquello.
La Fiscalía sostiene que la acusada debía justificar la documentación observada a Drillmec, junto a Fabián Aviles y Jorge Sosa, ambos con orden de aprehensión.
Hasta el momento están encarceladas siete personas por este caso. La petrolera estatal suspendió de sus cargos a 16 funcionarios vinculados con la contratación de la firma italiana. La Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos reveló el caso y denunció una serie de irregularidades en el proceso de contratación.
