El fallecimiento de un obrero de 35 años que el 19 de mayo cayó del piso 22 de la Casa Grande del Pueblo, el nuevo Palacio de Gobierno que se edifica detrás de la plaza Murillo, puso nuevamente en la palestra la inseguridad que impera en muchas obras civiles del país, tema que fue abordado por un reportaje publicado el pasado domingo en el suplemento El Financiero.
Según pudo constatar La Razón, no existen datos oficiales respecto al número de accidentes fatales que se registran en las construcciones. Una de las razones de este déficit se debe a que cuando ocurren hechos de esta naturaleza, la parte empleadora negocia con premura un acuerdo con la familia de la víctima, a fin de evitar problemas judiciales e indemnizaciones más elevadas, de acuerdo con el Secretario Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores en Construcción de Bolivia, quien estima que cada mes ocurren al menos tres accidentes fatales en el ámbito de la construcción en todo el país. Cifra que coincide parcialmente con la estimada por la Fundación Boliviana de Seguridad y Salud Ocupacional en un estudio de 2014, de al menos 70 obreros que fallecieron aquel año en construcciones del eje troncal.
Consultado al respecto, el Ministerio de Trabajo señaló que los datos más actualizados con los que cuenta datan de enero a septiembre de 2016, periodo en el que registraron 98 accidentes en obras civiles, 299 en el sector de servicios básicos y 1.404 en la industria manufacturera y comercio. En ninguno de estos rubros se especifica cuántos hechos fueron fatales. De todas maneras, estas cifras permiten inferir que la inseguridad laboral parece ser la norma y no la excepción.
Esto debido no tanto a la ausencia de una legislación en materia de seguridad, ya que en este ámbito el país ha avanzado bastante en los últimos años, según señala el ingeniero industrial experto en seguridad ocupacional Enrique Núñez; sino sobre todo porque en general las empresas, públicas y privadas, no se preocupan por cumplir la norma, e incluso echan mano de ciertas artimañas para hacerle el quite, subcontratando por ejemplo a otras compañías a las que delegan la responsabilidad en caso de que ocurra algún accidente. A su vez, los empleadores aseguran que los trabajadores no siempre cumplen con las medidas de seguridad, como utilizar un arnés para trabajar en construcciones elevadas, a pesar de que se les solicita que así lo hagan.
Ahora bien, más allá de las responsabilidades, resulta evidente que hace falta un control más riguroso respecto al cumplimiento de los protocolos de seguridad laboral, labor que hoy en día es realizada por el Ministerio de Trabajo a través de inspecciones de rutina, que concluyen únicamente con multas y recomendaciones cuando se evidencian transgresiones a la norma; junto a disposiciones que obliguen a las empresas a invertir recursos para proteger a sus trabajadores.
