El Gobierno dejó en manos del Ministerio Público la situación del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, quien fue mencionado por los vinculados en el irregular proceso de contratación de Drillmec para la compra de tres taladros.
“El caso específico, la denuncia contra el presidente de YPFB y otras autoridades, está en la instancia que corresponde que es el Ministerio Público”, afirmó la ministra de Comunicación, Gisela López, al ser consultada sobre la situación y permanencia de Achá al frente de la estatal petrolera.
Investigados en el denominado caso Taladros mencionaron a Achá en sus declaraciones. Es más, según la Fiscalía, la gerente Legal de YPFB Andina S.A., Carmen Tellería, habría recibido un aval especial del presidente de YPFB para participar de las reuniones de seguimiento del contrato de los equipos de perforación.
En reiteradas oportunidades, la autoridad aseguró que todo el proceso de licitación y contratación estuvo enmarcado en los procedimientos y negó que se haya cometido irregularidades.
“Aquí lo importante es que los supuestos hechos de corrupción han sido denunciados por el mismo Gobierno, debemos recordar que todo lo que se está informando es fruto de la Unidad de Transparencia a la cabeza del compañero (Edmundo) Novillo”, aseguró López.
Negó que en el gabinete ministerial se haya tratado la situación judicial del proceso de contratación con la empresa italiana o la permanencia en el cargo del presidente de la estatal petrolera.
“Este Gobierno está luchando contra la corrupción caiga quien caiga, las pruebas son las autoridades presas”, aseguró y dejó en manos de la Fiscalía el caso y la situación de Achá.
Con Tellería, son siete las personas que fueron encarceladas; todos por los de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. (14/06/2017)
