El pleno del Congreso de Perú aprobó hoy modificar el Código Penal para incrementar hasta a 15 años de cárcel las condenas para el delito de apología al terrorismo, informó un comunicado oficial.
La norma, que recibió 71 votos a favor, 9 en contra y 8 abstenciones, también aporta «herramientas al sistema jurídico para actuar frente a este tipo de ilegalidad en el país», precisó la nota del Congreso.
El dictamen reunió las iniciativas de los congresistas fujimoristas Octavio Salazar, Carlos Tubino y Marco Miyashiro, la aprista Luciana León y el centrista Edmundo Del Águila, para proponer la incorporación de un artículo en el Código Penal en el que se precisa e incrementan las penas por el delito de apología al terrorismo.
De esa manera, se indicó que quien «exalta, justifica o enaltece un delito (de terrorismo) o la persona condenada como su autor o participe, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años».
«Si el agente tiene condición de director, personal docente o administrativo de una institución educativa y se vale de esa condición, la pena será entre ocho y 12 años, además de 300 días de multa e inhabilitación», añadió.
Agregó que «si estas acciones se hacen en forma pública o en una institución educativa, o mediante objetos, libros, imágenes, o a través de actos sociales, o mediante el uso de tecnología de la información y comunicaciones, la sanción será entre 8 y 15 años de prisión».
El vicepresidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Francisco Villavicencio, señaló que se trata de «proteger la seguridad ciudadana, el respeto a la vida, la libertad individual, entre otros derechos y, por otro lado, sancionar las conductas lesivas al orden constitucional».
Luciana León aseguró, por su parte, que la propuesta «tipifica con claridad el delito de apología al terrorismo y que los jueces podrán actuar» contra las actividades consideradas de este tipo.
«Con esta modificación al Código Penal, se sancionará de manera drástica las marchas y reuniones como las que hace el Movadef», expresó.
La legisladora aludió de esa manera a las marchas y actividades públicas que ha mantenido en los últimos meses el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), un organismo que es considerado el brazo político de Sendero Luminoso.
El Movadef reclama su reconocimiento oficial como partido político y que se libere a todos los presos por haber participado en el conflicto interno que asoló a Perú entre 1980 y 2000, que dejó casi 70.000 víctimas, la mayoría a manos de Sendero, según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Octavio Salazar dijo que con la aprobación de la nueva norma «se cerrará el paso a grupos que están pretendiendo avanzar y lavar el cerebro a los jóvenes, cambiando sus caretas de hace años por las de supuestas personas dedicadas a defender los intereses comunes».
Sin embargo, los congresistas del izquierdista Frente Amplio Marisa Glave, María Elena Foronda, Rogelio Tucto, Marco Arana, Indira Huilca, Édgar Ochoa y Alberto Quintanilla, expresaron su preocupación por que la norma «sirva para perseguir marchas sociales y manifestaciones populares en defensa de sus derechos». (15/06/2017)
