Bolivia tiene planteadas al menos cinco denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Gobierno decidió crear un Consejo para evaluar y resolver de forma «amistosa» denuncias en materia de derechos humanos excluyendo aquellas vinculadas a corrupción y otros delitos contra el Estado.
El Consejo Estatal de Soluciones Amistosas en Materia de Derechos Humanos fue incorporado a la estructura institucional mediante la ley promulgada el 3 de mayo y que modifica dos artículos de la Ley Conciliación y Arbitraje vigente vigente desde junio de 2015.
“Para la suscripción de los acuerdos de Solución Amistosa, se crea el Consejo Estatal de Soluciones Amistosas en Matera de Derechos Humanos – CESADH, entidad colegiada de carácter consultivo”, establece el parágrafo I del artículo 135 modificado.
«El mecanismo de soluciones amistosas permite generar espacios de diálogo entre peticionarios y Estados, donde éstos puedan alcanzar acuerdos que establecen medidas de reparación beneficiosas para las presuntas víctimas directas de la violación y la sociedad en su conjunto», establece la página web de la CIDH.
El Consejo, creada en el marco de la Sistema Interamericano de Derechos Humanos, estará formado por representaciones de la Procuraduría General del Estado, del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
Hasta el pasado año, Bolivia enfrentaba cinco demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un número similar pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), de acuerdo a la Memoria Institucional 2016 de la Procuraduría General del Estado. Ambas instancias son parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Procuraduría será el “ente técnico” que, mediante un informe técnico legal, propondrá ante el CESADH la posibilidad de arribar a un acuerdo de solución amistosa. Una vez evaluada y de considerarse “beneficiosa a los intereses del Estado”, podrá recomendarse su suscripción.
Los casos referidos a corrupción, delitos que atentan contra la unidad del país, traición a la patria y de lesa humanidad están excluidos para su consideración mediante este mecanismo. (12/05/2017)
