La paralización de la construcción de la carretera San Buenaventura-Ixiamas, que fue adjudicada a la empresa Corsán-Corviam, es un nuevo ejemplo de los problemas y riesgos que vienen asociados al aumento de las inversiones y obras públicas. Resulta imperioso que las administraciones estatales refuercen sus instrumentos de planificación, gestión e información.
Hasta el 2010 el Estado invertía anualmente $us 1.500 millones, pero el año pasado esa cifra se elevó a algo más de $us 6.000 millones, una gran parte destinada a la construcción de carreteras, infraestructuras energéticas y empresas productivas. Sin embargo, cuando hay mayor cantidad de obras y recursos, aumenta también la probabilidad de que surjan problemas, retrasos y corruptelas durante su ejecución. La administración pública y sus gestores tienen grandes desafíos en este contexto.
No es una sorpresa que en algunas obras se produzcan retrasos y errores durante su ejecución, rescisiones de contratos o incluso irregularidades. Son situaciones que están siempre presentes en este tipo de iniciativas en todas partes del mundo. Lo importante es que se hayan previsto y que el Estado cuente con instrumentos para su gestión. Debemos preguntarnos, por ejemplo, si la obra fue bien planificada; si se consideraron en su diseño los imponderables naturales, técnicos y financieros que podían afectarla; si se licitó y adjudicó en procesos competitivos y transparentes; si se hizo un seguimiento a su ejecución y se advirtieron los problemas; si hay garantías razonables frente a las fallas del contratista; si hay mecanismos para una investigación de las posibles irregularidades en estos procesos o si se cuenta con instrumentos adecuados para informar a la población y a sus representantes políticos sobre el avance de las inversiones.
Por otra parte, algunos funcionarios suelen incomodarse ante la curiosidad de la ciudadanía cuando hay problemas en obras públicas y de las supuestas imprecisiones en su tratamiento político y mediático. No se debería perder nunca de vista que la solicitud de rendición de cuentas a cualquier autoridad es un derecho, y que frecuentemente la proliferación de rumores, sospechas y confusión se debe a la ineficiencia de las propias entidades públicas para brindar información oportuna, amplia y en formatos adecuados.
Por lo tanto, mucho más que antes, se necesitan sistemas de inversión y gestión pública modernos y transparentes, procedimientos burocráticos eficaces y funcionarios bien calificados que los manejen. Éstas no son cualidades que aparecen naturalmente en el Estado, hay que construirlas e invertir en ellas. En el corto plazo, los esfuerzos y recursos deberían concentrarse en fortalecer a las entidades clave para la planificación y seguimiento de las inversiones prioritarias y más costosas del Plan de Desarrollo, aquellas en las que no hay mucho espacio para el error.
