Causa no solo estupor y preocupación, sino sobre todo indignación y vergüenza (propia y ajena) el saber que en Bolivia, durante el primer trimestre de 2017, se denunció un promedio de cinco violaciones cada día. La cifra, previsiblemente, no refleja el verdadero número, pues es bien sabido que solo un pequeño porcentaje de los casos llega a la etapa de denuncia.
No es un tema nuevo, pero es evidente que el Estado y la sociedad no están haciendo lo suficiente para combatir de manera efectiva esta forma de violencia que daña al tejido social en sus ámbitos más íntimos y, de esta manera, se reproduce en las actitudes y comportamientos de los individuos. El dato antes señalado proviene de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), que reportó 9.000 casos atendidos entre enero y marzo de este año; de ellos, 423 son violaciones, 270 cuyas víctimas son mayores de edad y 153, menores. La estadística también muestra que hubo un incremento de 50 casos en comparación con idéntico periodo en 2016.
Semanas atrás, en ocasión de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno de los temas centrales fue, precisamente, la violencia sexual contra mujeres, adolescentes y niñas y niños. Entonces el órgano interamericano recomendó al Estado boliviano que modifique el Código Penal en lo referido a estos delitos, que trabaje de manera conjunta con las organizaciones de la sociedad civil que abordan esta temática, y que mejore la capacitación del personal del sistema de justicia encargado de trabajar estos casos.
Respecto de la primera recomendación, se sabe que está en discusión, en el seno de la Asamblea Legislativa, la Ley del Código del Sistema Penal, por lo que cabe esperar que se produzcan las modificaciones recomendadas. En lo que se refiere a la segunda, una ONG de Cochabamba, que tuvo una participación activa en los trabajos de la CIDH, denunció que pese a un compromiso del Procurador General del Estado, los acercamientos recomendados no se han producido. Finalmente, en el caso de la tercera recomendación, se estima que hubo algunos avances.
Sin embargo, es claro que el problema de la violencia sexual no puede ser atendido únicamente desde el ámbito judicial y penal. Es bien sabido que, pese a la extendida creencia, la amenaza de penas severas no sirve para disuadir a quienes tienen tendencia a cometer este tipo de crímenes. La bien conocida ineficiencia del sistema judicial boliviano (causada por la proverbial retardación de justicia y la lenidad de algunos operadores del sistema) ayuda a crear una sensación de impunidad.
Corresponde, pues, que se hagan renovados esfuerzos por trabajar esta temática también, y sobre todo, desde el ámbito educativo, enseñando a las personas desde su formación inicial que toda manifestación de violencia sexual es inadmisible y debe ser denunciada oportunamente.
