El ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Arce, dijo hoy que a los nueve bolivianos detenidos en Chile «los han sentenciado previamente, los han juzgado previamente, hay una sentencia política en contra de ellos, totalmente ilegal, abusiva, y se basa en tres delitos que son imposibles».
La Fiscalía chilena acusa a siete funcionarios de la Aduana Nacional Boliviana (ANB) y dos militares de presuntos delitos de robo con violencia, porte y tenencia de armas prohibidas y contrabando por un incidente sucedido el 19 de marzo en un paso fronterizo no autorizado.
Las autoridades bolivianas sostienen que se trató de una operación contra el contrabando en territorio propio, mientras que las chilenas aseguran que los bolivianos violaron el territorio de Chile con propósitos de robo.
Arce, que viajó esta semana a Chile para analizar el caso, aseguró en una entrevista con la televisión estatal Bolivia TV que las tres acusaciones «no resisten el más mínimo análisis».
La acusación de robo, explicó, no se sostendría porque el robo es un delito contra la propiedad, pero en ese caso los bolivianos trataron de incautar mercancía ilegal (llegaron a detener un camión, presuntamente con carga de contrabando, pero los carabineros de Chile detuvieron después a los bolivianos).
«Si vamos a confundir la propiedad con la mercancía ilegal, cualquier acción de decomiso, cualquier acción de incautación, cualquier acción de retención (…) también sería robo», afirmó Arce.
«Si realmente Chile se respeta y nos respeta como Estado y quiere ser un buen vecino, lo primero que tiene que hacer es procesar a estas personas», opinó el ministro, que aseguró que el camión era chileno, estaba conducido por ciudadanos de ese país y llevaba «una gran cantidad de mercadería nueva» que ingresó por un paso no autorizado.
Arce sostuvo que Bolivia ha presentado pruebas de que el oficial militar de mayor rango en la operación reportó «constantemente todos y cada uno de los movimientos que se han dado en la frontera».
«¿Alguien que quiere robar va a estar reportando a sus superiores?», se preguntó el ministro.
El ministro razonó que no tiene sentido un presunto contrabando de Bolivia a Chile, porque las zonas francas están en el norte de Chile (Arica e Iquique), y desde ahí mucha mercancía entra a Bolivia de forma legal e ilegal.
«Acusar de contrabando de Bolivia hacia Chile es como decir que puede haber narcotráfico de Europa a América Latina, que alguien traiga cocaína de Europa a América Latina», comparó. TT
ambién dijo que no era coherente la acusación de haber usado vehículos oficiales para ese fin. Por último, desechó la acusación de porte de armas porque las fuerzas de seguridad y del Ejército siempre las llevan.
Arce también lamentó que incluso la presidenta de Chile, Michele Bachelet, sostuviera que los bolivianos trataban de robar camiones chilenos al día siguiente de la detención.
«Lo decimos con mucho respeto: una presidenta de un estado en su voz tiene mucho poder, mucho compromiso, y tiene que ser cauta», advirtió.
El ministro lamentó que se haya «judicializado» un caso que el Gobierno boliviano quería resolver diplomáticamente.
La detención en régimen de prisión preventiva en el penal de Alto Hospicio de Iquique, Chile, de estos nueve funcionarios, ha tensado las complicadas relaciones bilaterales entre los países, que se enfrentan en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por el reclamo boliviano de una salida al Pacífico, que perdió en una guerra contra su vecino a finales del siglo XIX.
«No queremos pensar que es una actitud de revancha por la demanda marítima», dijo Arce sobre el caso de los funcionarios. (15/05/2017)
