«Empezando de Evo, divorciadas, divorciados, separados, con aquí allá. Y ese gabinete de gente desplazada por la vida va a dar pautas sobre cómo hay que hacer los abortos». Esta es parte de la declaración del padre Eduardo Pérez que hicieron público y cuestionaron legisladoras del oficialismo y el ministro de Justicia, Héctor Arce.
Tanto Arce como las parlamentarias leyeron las declaraciones del sacerdote que, explicaron, se dio el martes en el programa que conduce por las mañanas denominado el Café de la Mañana. Arce hizo pública una carta que envió al sacerdote en el que le pide «se retracte de esas terribles declaraciones que hirieron sentimientos de seres humanos hombres, mujeres y niños».
Las legisladoras ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en la que también criticaron las declaraciones del sacerdote jesuita. «Tenemos derecho a tener los hijos que queramos, derecho a tener esposo, y cuando esto no funciona también a disolverlo», sostuvo la diputada y presidenta de la Comisión de Justicia, Susana Rivero.
Arce expuso en la misiva el texto de la declaración Pérez: “En el gabinete me gustaría preguntar, fuera de Álvaro García Linera y su esposa ¿qué miembros del gabinete tienen una convivencia familiar? Empezando de Evo, divorciadas, divorciados, separados, con aquí allá. Y ese gabinete de gente desplazada por la vida va a dar pautas sobre cómo hay que hacer los abortos».
La posición es expresada en medio del debate abierto sobre las causales de aborto. El proyecto del Sistema de Código Penal prevé que “no constituirá infracción penal cuando la interrupción voluntaria del embarazo sea solicitada por la mujer” durante las primeras ocho semanas del embarazo y cuando concurran las causales de que se encuentre en situación de extrema pobreza, no cuente con recursos suficiente para la manutención, sea estudiante o madre de tres o más hijos o hijas y no cuente con recursos suficientes para su manutención.
Además autoriza la interrupción del embarazo en cualquier etapa de gestación para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada, en caso de que se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida, que el embarazo sea consecuencia de violación o incesto o que la embarazada sea niña o adolescente.
La Iglesia Católica expresó su rechazo a la propuesta legal. Arce expresó su extrañeza por las declaraciones de quien, dijo, “respetaba, valoraba y consideraba de verdad un amigo”.
La presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, afirmó que las declaraciones del sacerdote están cargadas de discriminación, mientras que Rivero sostuvo que no se resolverá con bonos un embarazo no deseado o la salud de las embarazadas, como también había planteado el padre Pérez. (19/04/2017)
