Los funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia realizaron aportes para pagar el bufete de abogados que se contrató para la defensa de los nueve bolivianos capturados y sentenciados el miércoles en Chile, además de otros gastos para lograr su retorno, que se debe producir en los próximos 30 días, según el fallo de la justicia chilena.
Los nueve connacionales, dos militares y siete funcionarios civiles, dependen de esa repartición de Estado..
“La planta ejecutiva de la Aduana Nacional agradece la solidaridad de los servidores públicos de la Aduana Nacional por su aporte voluntario destinado a cubrir costos de bufetes de abogados de Santiago e Iquique, traslado de familiares de los funcionarios detenidos, así como la compra de vituallas, enseres y otros gastos conexos que implican el regreso de los nueve bolivianos”, informó la institución en un comunicado público.
Un equipo de juristas chilenos, acompañado por autoridades nacionales, se hizo cargo de la defensa de los funcionarios que fueron acusados y sentenciados por los delitos de robo e intimidación, portación ilegal de armas y contrabando. Tienen condenas de tres años de cárcel por cada uno de los primeros delitos y deben pagar una multa de $us 48.000 por contrabando.
La presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, el defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, y el procurador del Estado, Pablo Menacho, asistieron a la audiencia en la que se dictó sentencia tras allanarse un proceso abreviado. La «Sentencia que condenó a funcionarios bolivianos queda ejecutoriada, lo que implica que las partes no pueden presentar recurso de apelación», informó la Fiscalía de Tarapacá.
Hasta el momento no se informó cómo y quién pagará la multa, condición para que se expulse a los sentenciados.
En el comunicado, la Aduana agradece por el apoyo brindado al presidente Evo Morales, al ministro de Justicia, Héctor Arce, al canciller Fernando Huanacuni, al director de Defensa Pública, César Romano, y a Menacho.
Fueron capturados el 19 de marzo poco después de que interceptaron un convoy de vehículos con mercancías de contrabando en la frontera. Se los acusó por tres delitos y se los envió a la cárcel de Alto Hospicio. Ahora están a la espera de que sean trasladados a la frontera para su expulsión en cumplimiento del fallo judicial emitido por la juez Isabel Peña.
Huanacuni informó la noche del jueves que los nueve funcionarios retornarán a sus fuentes de trabajo. “En ningún momento han perdido su trabajo y cuando retornen volverán a sus funciones específicas; ellos no han cometido ningún delito», afirmó.
