Una vez más, los choferes sindicalizados del transporte de pasajeros en La Paz hicieron una demostración de fuerza innecesaria y dañina por donde se mire. Impedir la libre locomoción y transporte de personas, así como ejercer violencia para imponer sus malas prácticas al resto de la sociedad, es propio de un cartel y no de un conjunto de organizaciones sindicales.
Lo ocurrido ayer, idéntico a todos los anteriores paros del sector, es ni más ni menos que una más de las prácticas de abuso cotidiano que la mayoría de los afiliados al gremio de los choferes inflige a la ciudadanía, incluyendo a sus propios compañeros de oficio, a quienes amenazaron con sanciones que van desde cinco hasta 15 días de impedimento de trabajar si es que no se presentaban con sus coches en los puntos de bloqueo. Aquí cabe recordar, también, la humillante práctica de propinar chicotazos a quienes no acatan la orden de no trabajar durante la jornada de protesta, sean sindicalizados o no.
Como se sabe, los choferes pararon y bloquearon ayer como medida de protesta contra la imposición de sanciones por parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a aquellos conductores que violan no las más elementales normas de tránsito (de eso debiera encargarse la Policía, a través de su Organismo Operativo de Tránsito, pero la lenidad de sus agentes es de sobra conocida), sino los acuerdos firmados por la dirigencia del gremio en febrero de 2016, cuando obtuvieron autorización para incrementar los pasajes en buses y minibuses.
El mensaje es claro: no acatarán norma alguna y mucho menos aceptarán las sanciones que les sean impuestas por actuar del modo en que lo hacen. El mecanismo para hacer prevalecer su posición consiste en secuestrar el derecho de la población a moverse de un lado a otro de la ciudad, empleando para el efecto medios de transporte colectivo. Previsiblemente la protesta también pretendió impedir la circulación de los buses municipales PumaKatari.
La fortaleza del gremio, especialmente en circunstancias como la de ayer, se basa en dos factores principales: poseen el cuasi monopolio del servicio de transporte de pasajeros (La Paz Bus y Mi Teleférico solo cubren una pequeña parte de la demanda) y por tanto pueden paralizar la ciudad; y son impunes, o al menos pretenden serlo, como demuestra el hecho de que el paro haya sido para no pagar las multas que deben.
Urge, pues, que la municipalidad paceña adquiera el poder necesario para imponer la fuerza de la ley. El principal obstáculo para que esto suceda está en la actitud de la Policía, que se resiste a perder los ilegítimos privilegios de los que goza al controlar la circulación vehicular e imponer multas y sobornos a discreción. La población paceña merece un transporte digno, pero con el actual estado de cosas es difícil que esto pueda ser posible.
