El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó este lunes a la población a sumarse a la campaña en defensa de las autoridades mujeres electas por voto para frenar el acoso y la violencia política que se registran, principalmente en regiones rurales.
“Protejamos a las mujeres electas contra acoso y la violencia política. Súmate a nuestra campaña para construir juntos #ParidadDemocrática!”, demandó la entidad electoral en la red social Twitter.
La campaña surge en medio de la explosión de nuevas denuncias de ese ilícito, entre ellas una reciente registrada en Tapacarí.
En esa localidad cochabambina, a la concejala Erenia Villca (44), según su propia denuncia, el presidente del Concejo de esa municipalidad, Ignacio Mendoza, la violentó física, verbal y sicológicamente.
Según un parte policial, el edil incluso intentó agredirla sexualmente en complicidad con el Alcalde y una funcionaria de limpieza. La Fiscalía abrió una investigación.
Otro caso es el relacionado con la concejala Eva Martínez, del municipio de San Lucas, en Chuquisaca, quien por el constante acoso político del que asegura fue víctima se vio obligada a renunciar al cargo en mayo, pero tras un análisis de las autoridades electorales fue restituida.
“Ellos tanto me discriminan, no me dejan, me dicen que soy de la oposición”, relató y añadió: “Cuando el alcalde (Zenón Aiza) llamaba a reuniones a ellos nomás (oficialismo) les llamaba, conmigo no contaba”.
No obstante, la concejala analiza dimitir nuevamente puesto que la conflictiva situación en el ente deliberativo de su región no ha cambiado.
La Ley de Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres define como acoso político al acto de presión, persecución, hostigamiento o amenazas en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político-pública o en contra de sus familias para acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo.
Para ello, el TSE aprobó el Reglamento para el Trámite de Recepción de Renuncias y Denuncias por Acoso y Violencia Política que fija filtros para dar curso a solicitudes de dimisión.
La renunciante debe someterse a una entrevista confidencial para identificar si tras la decisión existe acoso o violencia política. (26/06/2017)
