La Asamblea Legislativa, al influjo del partido dominante, el Movimiento Al Socialismo (MAS), se apresta a concertar —si es que lo logra— la convocatoria a las segundas elecciones judiciales en el país, a sabiendas de que el primer intento en 2011 fue lamentable, sin resultados.
Tarde, cinco años después, el oficialismo parece hacer un mea culpa sobre aquella votación que, a la luz de la experiencia, no aportó al control de la corrupción, la retardación de la justicia o la institución de un sistema judicial que sancione los ilícitos con ecuanimidad y oportunidad, como eran los objetivos.
Si bien en los comicios de aquel año no se tomó en cuenta la meritocracia (la iniciativa fue eliminada) para la preselección de los candidatos a los distintos estamentos electivos del Órgano Judicial, esta vez el asunto sí parece ser la preocupación principal: oposición y oficialismo coinciden en esa necesidad.
Es el factor esencial para garantizar la probidad de los jueces, más allá de su cualidad ética ante los derechos de las personas. Por eso mismo, urge una discusión política sensata sobre ese aspecto.
Una de las propuestas para ese fin es la constitución de una comisión independiente del sistema político para la evaluación y calificación de postulantes al Órgano Judicial, al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Consejo de la Magistratura.
La oposición propone para esa entidad a personalidades de distintos ámbitos del quehacer institucional del país; en el oficialismo existe el criterio de hacer prevalecer la atribución para esa materia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Meritocracia, sí, ¿pero bajo qué entidad evaluadora y calificadora? A octubre, el plazo definido para las elecciones judiciales no hay mucho tiempo. Como dijo la semana pasada el vicepresidente Álvaro García Linera, hay necesidad de buscar acuerdos entre oposición y oficialismo para garantizar una elección que derive en la eficiencia de la Justicia.
