La justicia panameña concedió este viernes la libertad bajo fianza a los dos fundadores del bufete de abogados foco del escándalo de los «Panama Papers», detenidos por presuntamente ocultar activos vinculados al caso «Lava Jato» de Brasil, informaron el poder judicial y su defensa.
«El Segundo Tribunal Superior resolvió conceder el beneficio de excarcelación bajo fianza a Jürguen Mossack y Ramón Fonseca por 500.000 dólares a cada uno», declaró a la AFP la abogada Marlene Guerra, del bufete Mossack Fonseca.
Este bufete está en el centro del escándalo de los «Panama Papers», una filtración de documentos que reveló su participación en la creación de numerosas sociedades off-shore para personalidades de todo el mundo, algunas de las cuales habrían sido utilizadas para evadir impuestos o blanquear capitales.
El Órgano Judicial informó que los jueces consideraron que el proceso contra los fundadores del bufete «puede ser garantizado por otra medida cautelar que la detención preventiva».
Según la resolución, aunque ambos están imputados por «un delito grave» como el blanqueo de capitales, con pena mínima de cinco años, «no existe peligro» de que cometan nuevos delitos «mediante el uso de armas y otros medios de violencia» ni desatiendan el proceso.
Sin embargo, el Tribunal les impusó a los dos procesados la prohibición de salir de Panamá.
Jürgen Mossack y Ramón Fonseca no estaban presos por los «Panama Papers», sino porque la fiscalía considera que su bufete era una «organización criminal» dedicada a ocultar activos vinculados al caso «Lava Jato». Ambos estaban presos desde el 9 de febrero.
El caso «Lava Jato» sacó a la luz sobornos de empresas constructoras brasileñas, entre ellas Odebrecht, a funcionarios de varios países de América Latina para ganarse contratos de obras públicas entre 2005 y 2014.
La encargada en Brasil de Mossack Fonseca, María Mercedes Riaño, detenida en Panamá, es reclamada por fiscales brasileños bajo acusaciones de crear sociedades offshore a través de la firma para presuntamente pagar sobornos.
Durante el proceso, los abogados de Riaño han declarado que su cliente sólo obedecía órdenes de la sede, mientras que los abogados de Mossack Fonseca alegan que su filial en Brasil actuó con independencia de la casa matriz en Panamá.
El 12 de abril, una carta a la que tuvo acceso la AFP, Mossack manifestó ser un «preso político» y acusó a los fiscales de torturas psicológicas para obtener declaraciones inculpatorias en el caso Lava Jato.
Además, acusó a la fiscalía de «aplicar presión psicológica» contra Riaño «para que testificara contra nosotros» bajo amenaza de que «más nunca vería con vida a su padre». (21/04/2017)
