El Gobierno no le preocupa la demanda de inconstitucionalidad u otra que pueda presentarse en contra de la ley de la Coca porque está “absolutamente seguro” de su constitucionalidad, por lo que las acciones de Adepcoca responden a intereses políticos, afirmó el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico. Los cocaleros alistan un viaje a Sucre como parte de sus protestas.
Los productores de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de Yungas presentaron un recurso de inconstitucionalidad a través de legisladores de oposición en contra del artículo 16 de la ley de la Coca, que legaliza más de 7.000 hectáreas de cultivos en la zona no tradicional del Chapare.
“Es un derecho constitucional el observar alguna norma y si hay algún sector más que quiere presentar la inconstitucionalidad está en su derecho, solo va a dirimir si la noma es constitucional o no (el Tribunal Constitucional). Nosotros estamos absolutamente seguros de que el articulo 16 y todos los artículos de la ley 906 son constitucionales”, insistió.
El artículo 16 establece la existencia legal de hasta 22.000 hectáreas. En el Departamento de La Paz una superficie total de hasta 14.300 hectáreas, y en el Departamento de Cochabamba una superficie total de hasta 7.700 hectáreas. La norma reemplazó en parte la ley 1008, que solo reconocía 12.000 hectáreas en las zona tradicional de Yungas.
El dirigente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, informó a Erbol que una comisión de sus bases viajará a Sucre para exigir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emita un fallo favorable en su demanda de inconstitucionalidad.
Cocarico aseguró que está en curso la socialización del contenido de la ley cuestionada por la organización que reúne a los productores de la zona tradicional de los Yungas.
El ministro tuvo que ser evacuado a principios de mes en helicóptero desde Arapata, municipio de Coripata, debido a los conflictos que desató su presencia en el lugar para explicar, justamente el contenido de la norma. Había un bloqueo de caminero, pero la comitiva sorteo las protestas y logró llegar hasta Arapata.
“Pienso que hay sectores que observan, no por un interés colectivo de los productores de hoja de coca sino por intereses muy particulares, intereses políticos. Lo que quieren es afectar la imagen del Gobierno, de las autoridades de Gobierno”, afirmó y advirtió que cualquier protesta tiene fines políticos.
