En la compra irregular de taladros a la empresa italiana Drillmec no se protege a nadie y el castigo será caiga quien caiga y la investigación identificará al o implicados, advirtió el domingo el viceministro de Transparencia, Gonzalo Trigoso.
«No hay ninguna persona protegida, nunca se intentó hacer aquello y en la política de ‘cero tolerancia a la corrupción’ es caiga quien caiga, en un trabajo estrictamente técnico en este caso», dijo en los medios estatales.
En este caso, fueron denunciados ante el Ministerio Público un particular y quince servidores públicos de la estatal petrolera de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que se adjudicó la compra de taladros.
Apuntó que el presidente de YPFB, Gonzalo Acha, si bien no está entre los denunciados, es que no se halló responsabilidad, pero eso no significa que este exonerado de cualquier posible denuncia e investigación.
«Del análisis que realice el Ministerio de Justicia sobre otros documentos e involucre al presidente de YPFB y tras personas, todas ellas serán incorporadas en el proceso penal», manifestó Trigoso.
Indicó también que el Ministerio Público tiene documentos en mano que deben serán valorados jurídicamente por fiscales asignado al caso, en el marco de la averiguación del verdad de este caso.
Para la autoridad, «en este momento se puede rescindir el contrato toda vez que se entregó a la empresa las boletas de garantías, que pueden ser ejecutadas».
Recordó que el contrato de adquisición de los taladros es de 148.8 millones de dólares, pero no se pagó ni un solo centavo a la italiana Drillmec por observaciones que se hizo a tiempo en la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos. (23/04/2017)
