La Corte Suprema de Chile se pronunciará el lunes sobre la situación jurídica de 9 bolivianos encarcelados provisionalmente en el país trasandino, 2 militares y 7 funcionarios de aduana, que el 19 de marzo último combatían el contrabando en territorio de Bolivia cerca de la frontera, poco después que el agente chileno ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Claudio Grossman, recomendara su liberación.
Los magistrados de la Corte Suprema de Chile habían pospuesto para este lunes la formulación de su inapelable parecer, después de que la defensa de los 9 bolivianos encerrados en la cárcel de Alto Hospicio acusados por un presunto intento de robo de camiones con carga de contrabando con destino a Bolivia, planteara un amparo constitucional para obtener la libertad de los 2 militares y 7 aduaneros.
A horas del pronunciamiento de los magistrados chilenos, el defensor del Pueblo de Bolivia, David Tezanos, pidió considerar con objetividad la apelación a la detención de los 9 bolivianos en la cárcel de Alto Hospicio, en Iquique, y proceder a su liberación.
«Queremos llamar a las autoridades chilenas que administran justicia a considerar el caso de los 9 bolivianos detenidos como un caso de derechos humanos y se pueda reivindicar su libertad, reconducir su tratamiento desde la objetividad», dijo en declaraciones en La Paz.
La solicitud de Tezanos se registró después de que Grossman aconsejara al subsecretario del Interior de Chile, Mahmud Aleuy, influir, en la medida de su alcance, para la liberación de los bolivianos a menos de 3 meses de la presentación de la dúplica de Chile en el juicio marítimo radicado por Bolivia en el alto tribunal de La Haya.
Bolivia ha pedido a la CIJ sentar a Chile a la mesa de una negociación de buena fe y efecto vinculante para enmendar su encierro geográfico de casi 140 años, después que su vecino trasandino adicionará a su soberanía -tras invadir en 1879 el entonces puerto boliviano de Antofagasta- todo su litoral de 400 km lineales y 120.000 km2 de territorios de desembocadura en el Océano Pacífico, de paso preñados de riqueza mineral.
Según Grossman, el prolongado encarcelamiento de los 9 bolivianos, sin basa jurídica nítida, tras su detención en un confuso incidente fronterizo a horas de que Bolivia replique en la CIJ la contramemoria chilena, la cuarta semana de marzo, podría afectar la consideración de la comunidad e instituciones internacionales sobre el contencioso bilateral.
Bolivia pide a Chile un corredor soberano en el Pacífico y desde 1976 estos países carecen de relaciones diplomáticas por el centenario diferendo.
Según el diario chileno La Tercera, que recogió la inquietud del equipo que lidera Grossman, la preocupación se debe también a los impedimentos que autoridades de la Migración de Chile impusieron, días después del encarcelamiento de los 9, a periodistas bolivianos en los aeropuertos de Iquique y Santiago, que intentaron cubrir el problegómeno de la detención y posterior encierro con reos comunes, lo que Bolivia denunció de injusto y como un secuestro, puesto que se hubo materializado en su territorio, a 200m de la frontera.
Esto, según Grossman, permitió a Bolivia desplegar, en organismos de derechos humanos, una fuerte ofensiva internacional contra su país.
La fatiga de Grossman se registró después de entidades colegiadas de periodistas de Chile se solidarizaran con sus iguales de Bolivia luego que la Migración de Chile, incluso deportara a 2 periodistas de la estatal Bolivia TV y obligara a otros, en Santiago, a firmar compromisos para que redujeran sus desplazamientos a meros propósitos turísticos.
La ministro de Comunicación de Bolivia, Gísela López, denunció todo ello ante organismos internacionales como una conculcación de los derechos de libertad de prensa y expresión, consignados en el derecho positivo contemporáneo internacional y una contravención flagrante a la convención mundial.
Chile sostiene que los 9 bolivianos ingresaron a su país con la intención de robar sendos camiones; en contrapartida, Bolivia denunció que sus funcionarios fueron «secuestrados» por contrabandistas y Carabineros que los golpearon, enmanillaron y encarcelaron sin pruebas sustentables
(«Tengo convicción de que los delitos imputados son inexistentes, que se trata de funcionarios públicos que estaban cumpliendo funciones de su competencia», afirmó en días anteriores el abogado chileno Roberto Celedón, jurista chileno que asesora al Estado boliviano en ese caso. (23/04/2017)
