La Asamblea Legislativa no evaluará oralmente el conocimiento del idioma originario a los aspirantes a magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional como sucedió en el proceso de selección de los postulantes a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en junio de 2015.
El proyecto de reglamento, aprobado en la Comisión Mixta de Constitución y que este sábado será discutido y aprobado en el plenario legislativo, fija que el requisito de hablar dos idiomas oficiales, uno originario, será certificado solo por quienes lleguen a ser electas autoridades judiciales.
“El requisito establecido en el numeral 7 del artículo 234 de la Constitución Política del Estado referido a hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado, será presentado ante el Tribunal Supremo Electoral antes de asumir el cargo, a través de una certificación emitida por entidad debidamente acreditada”, reseña el parágrafo III del artículo 9 del proyecto.
La situación no fue la misma en el caso de la selección de los vocales del TSE. En ese proceso hubo un examen oral en el que el postulante respondía a preguntas en el idioma que decía saber. Muchos de los inscritos en esa pugna no pasaron la prueba.
En ese entonces, el sistema de evaluación de méritos abarcaba cinco categorías: Formación académica, producción intelectual, docencia universitaria, experiencia y conocimiento de idiomas.
El reglamento de ese entonces fijaba una “prueba oral de conocimiento del idioma o fotocopia simple del certificado de estudios emitido por una academia o instituto debidamente reconocido”, pero se optó incluir la primera opción en las tres mesas evaluadoras.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aclaró que el segundo idioma “es un requisito para la posesión de las autoridades que resultaren electas, después del proceso de voto popular”. (27/04/2017)
