La huelga general convocada para este viernes por los principales sindicatos de Brasil contra las reformas promovidas por el presidente Michel Temer se sentía durante las primeras horas del día en todo el país, aunque con diversos grados de adhesión.
La clave de la paralización en la mayoría de las 27 capitales regionales era la adhesión de los sindicatos del transporte, lo cual impedía llegar a sus lugares de trabajo incluso a muchas personas opuestas a las protestas.
Según diversas fuentes, la huelga tenía mayor intensidad en Sao Paulo, el corazón financiero e industrial del país y también fortín de las mayores centrales obreras, que en su mayoría se han unido a la paralización.
En Río de Janeiro la adhesión del transporte era menor y la paralización no tenía la misma intensidad, mientras que en Brasilia la circulación de autobuses era mínima, con lo que la protesta tenía impacto incluso en el sector público.
La Explanada de los Ministerios, avenida de Brasilia en la que se concentran la mayoría de los edificios oficiales, amaneció cerrada al tránsito por razones de seguridad y con la vigilancia reforzada, frente a diversas manifestaciones que han sido convocadas para esta jornada.
En muchos lugares del país grupos de manifestantes bloquearon avenidas y carreteras con neumáticos, a los que en muchos casos les prendieron fuego, y hasta llegaron a enfrentarse con la policía en refriegas sin mayores consecuencias.
La principal causa del descontento es una polémica reforma de las leyes que rigen el sistema de jubilación, la cual propone aumentar la edad para acceder a ese beneficio, pero el malestar también ha sido alimentado por otras medidas impulsadas por Temer.
Entre ellas, figuran una reforma laboral, ya aprobada en primera instancia en la Cámara de Diputados, que abarata la mano de obra, darle carácter formal a convenios colectivos aún cuando no se ajusten a la ley y eliminar la contribución obligatoria de los trabajadores a los sindicatos, que así perderían poder económico.
También incide en el descontento otra reforma ya sancionada por el Gobierno, la cual permite que las empresas conviertan a todos sus empleados en personas jurídicas o prestadores de servicios para todo tipo de actividad.
Según los sindicatos y hasta el Ministerio Público del Trabajo, esas medidas atentan contra derechos consagrados en la Constitución y suponen un «retroceso» que anula «conquistas históricas» de los trabajadores.
El Gobierno, por su parte, sostiene que esas medidas son claves para «modernizar» la legislación laboral, transmitir confianza a los inversores, impedir la quiebra del deficitario régimen de pensiones y jubilaciones y devolver así el equilibrio a la maltrecha economía del país, sumergida desde 2015 en una profunda recesión.
También sostiene que esas medidas permitirán combatir en forma efectiva el desempleo, que según informaron hoy fuentes oficiales llegó en el primer trimestre de este año al 13,7 %, lo que supone que 14,2 millones de brasileños están sin trabajo.
(28/04/2017)
