El presidente brasileño, Michel Temer, retiró este jueves de las calles de Brasilia las tropas del Ejército que había movilizado ante una masiva protesta que demandó su renuncia, pero la presión por su salida aumenta y aviva una incierta crisis.
La protesta que este miércoles llevó a las calles de Brasilia a unas 50.000 personas acabó con graves disturbios y un ministerio parcialmente incendiado, tras lo cual Temer ordenó a las Fuerzas Armadas que se ocuparan de mantener el orden y la seguridad en la capital.
Sin embargo, menos de 24 horas después de que se apostaran los soldados, y en medio de fuertes críticas que llegaron a asimilar la decisión de Temer con los tiempos de la dictadura, hoy la orden fue revocada y las tropas volvieron a los cuarteles.
El ministro de Defensa, Raúl Jungmann, explicó que la retirada se decidió una vez que fue comprobado que habían «cesado los actos de depredación y de violencia, con el consecuente restablecimiento de la ley y el orden».
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Frente a las críticas, Jungmann sostuvo que el refuerzo de los militares era «necesario» debido al «clima de barbarie» y aseguró que el Gobierno «no tolerará el desorden» y actuará siempre dentro del marco constitucional, para «preservar la vida y la seguridad de las personas».
Más allá del nuevo desgaste que causó la salida de los militares a la calle, Temer sufrió hoy otro varapalo, dado por el influyente Colegio de Abogados, del que es miembro en su calidad de profesional del derecho.
Los abogados se dirigieron a la Cámara de Diputados para entregar un nuevo pedido de juicio político contra Temer, que se suma a otros doce ya presentados por fuerzas de la oposición.
La solicitud se fundamenta en graves sospechas que pesan contra de Temer en la Corte Suprema, que le investiga por los supuestos delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita, sobre la base de testimonios prestados por ejecutivos del grupo cárnico JBS en el marco de un acuerdo de cooperación judicial.
La iniciativa de los abogados es similar a las que llevaron el año pasado a la destitución de Dilma Rousseff y auparon a Temer al poder, pero ni los más rabiosos adversarios del actual mandatario parecen decididos a encarar un camino tan largo para desalojarlo de la Presidencia.
El Partido de los Trabajadores (PT), el más influyente del arco opositor y liderado por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró que el llamado «impeachment» no es el camino y que la «única salida» a la crisis es una «inmediata renuncia» del gobernante y un adelanto de las elecciones previstas para octubre de 2018.
El problema es que la Constitución no prevé ese adelanto, sino la celebración de una elección parlamentaria indirecta, en la que sólo los legisladores escogerían a quién gobernará el país hasta el 1 de enero de 2019, cuando acaba el actual período.
En el oficialismo, claramente fragmentado, la voz de la rebeldía la encarna el jefe del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) en el Senado, Renán Calheiros, quien abiertamente ha pedido la renuncia del mandatario.
No obstante, en esa formación que lidera el propio Temer, hay quien se inclina por esperar un proceso que tramita en la justicia electoral, actualmente suspendido pero que será retomado el próximo 6 de junio y pudiera desalojar al gobernante.
Ese juicio pretende establecer si la campaña para las elecciones de 2014 de la fórmula Rousseff-Temer fue financiada con dinero de la corrupción, lo cual llevaría a anular su victoria y a la destitución del presidente.
Temer tendría la posibilidad de apelar a esa decisión y prorrogar así su permanencia en el poder, lo cual ha dicho más de una vez que se propone hacer, pero en las alas díscolas del PMDB se cree que, en la actual situación, no tendría otra opción que aceptar el fallo y entregar el cargo.
(25/05/2017)
