El presidente brasileño, Michel Temer, ha reforzado su frente jurídico con el relevo del ministro de Justicia, con el que parece preparar desde este lunes el próximo embate ante el Tribunal Superior Electoral por sospechas de corrupción.
En forma inesperada, y en un día inusual, como es un domingo, el mandatario nombró como nuevo ministro de Justicia a Torquato Jardim, abogado con vasta experiencia en el Tribunal Superior Electoral, que la próxima semana retomará un juicio que le puede costar el cargo.
A partir del día 6 de junio, esa corte juzgará si la campaña de la fórmula que Temer integró con la destituida Dilma Rousseff para los comicios de 2014 fue financiada con dinero de la corrupción, lo cual pudiera desalojar al gobernante, ya amenazado por otras serias sospechas de corrupción que investiga la Corte Suprema.
Temer resiste desde hace casi dos semanas a una intensa corriente de opinión que exige su renuncia, a la que se ha sumado la oposición por completo y que tiene el respaldo de vastos sectores de una base oficialista que, desde el estallido de la crisis, ha sido abandonada por cuatro pequeños partidos.
Jardim, quien hasta ahora era ministro de Transparencia, tuvo hoy su primera reunión con Temer como titular de Justicia y aseguró que el gobernante no dimitirá ni será destituido, y que por el contrario llegará al fin de su mandato, el 1 de enero de 2019.
El nuevo responsable de Justicia habló con varios medios locales y, apoyado en su experiencia de ocho años en el Tribunal Electoral, consideró «impensable» que alguno de los siete magistrados que lo integran no solicite más tiempo para estudiar la supuesta ilegalidad de la campaña de 2014, lo cual estiraría los plazos procesales.
Eso refuerza la tesis de Temer, quien apuesta a que el juicio se alargue, ganar tiempo para recomponer su base política y avanzar en profundas reformas estructurales que tramitan en el Congreso y que, según el Gobierno, atajarán la delicada crisis económica del país.
Jardim, de hecho, aseguró que la crisis en que está sumergido el país «no es política, sino económica», y sostuvo que el principio del fin de los problemas de Temer es la aprobación de esas reformas, que apuntan a las leyes laborales y al régimen de jubilaciones.
La posibilidad de que el juicio en el Tribunal Electoral sea postergado a pedido de alguno de sus siete integrantes también fue barajada hoy por el presidente de ese organismo, el magistrado Gilmar Mendes.
«Hay mucha especulación sobre esto, pero si uno de los jueces pide más tiempo, sería algo absolutamente normal» y serviría para esclarecer posibles dudas sobre un «complejo proceso», aseguró.
En ese marco, Mendes también mostró su contrariedad con algunas versiones de prensa que sugieren la preparación de alguna «maniobra» para que el juicio se postergue, con el objeto de favorecer a Temer.
«El Tribunal Electoral no es un juguete de nadie» y «el juicio será técnico y judicial», pues «no le cabe a esta corte resolver una crisis política», sino dictar un fallo sobre una denuncia que le ha sido presentada, declaró el magistrado.
Mientras fortalece su frente jurídico, Temer también se esfuerza en transmitir una imagen de normalidad y de confianza en la economía nacional, que parecía dar señales de recuperación hasta el estallido de esta nueva crisis, que ha sembrado temores en los mercados.
Temer se reunió hoy con empresarios del sector aeroportuario a los que, según dijo el ministro de Transportes, Mauricio Quintella, garantizó que «Brasil no está parado» y que el Gobierno «continúa trabajando» por la retomada del crecimiento económico.
El mandatario reiterará ese mensaje en una reunión que tendrá esta misma noche en Sao Paulo con inversores de 42 países que han confirmado asistencia a un foro económico que se celebrará este martes, bajo el patrocinio del Banco Mundial.
