Varias organizaciones internacionales han denunciado este lunes la «insistencia del Ministerio Público (guatemalteco) en obstruir el proceso electoral y socavar la democracia en Guatemala», después de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, haya viajado al país centroamericano para analizar la situación tras las elecciones presidenciales del 25 de junio.
«Solicitamos al secretario general de la OEA que tome nota de las actuaciones arbitrarias del Ministerio Público y la fiscal general, Consuelo Porras, y que informe al Consejo Permanente de la OEA que persisten riesgos al proceso electoral debido al uso indebido del sistema penal», reza un comunicado firmado por una decena de organizaciones.
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Los firmantes han señalado que la Fiscalía guatemalteca ha «secuestrado» en varias ocasiones documentos que se encontraban en dependencias del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el objetivo de «recolectar información sobre la forma en que fueron digitalizadas las actas que acreditan los resultados», mientras que anteriormente había registrado varias sedes de la máxima autoridad electoral y había solicitado órdenes de captura contra sus representantes.
«Esto muestra un patrón sistemático de hostigamiento y abuso del derecho penal por parte del Ministerio Público para interferir en el proceso electoral y sembrar duda sobre la imparcialidad del TSE y los resultados electorales del 25 de junio», critican.
Observación
Asimismo, sostienen que «busca alegar un supuesto ‘fraude electoral’, que no existe, como lo han confirmado los informes de las misiones de observación electoral» tanto nacionales como internacionales.
En este contexto, han solicitado a la OEA que extienda el mandato de su misión electoral hasta el 14 de enero de 2024, fecha en la que se realizará el cambio de poderes, ya que prevén que continúen los «actos de hostigamiento y criminalización en contra del TSE» después de la segunda vuelta electoral, que vaticinan que podrían intentar «anular» los resultados de dichos comicios. El comunicado incluye a la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Plataforma Internacional contra la Impunidad, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
