En el 7° Encuentro de Economistas de Bolivia, organizado por el BCB en 2014, se resaltaron, en primer lugar, las condiciones óptimas para invertir en el país. También se definieron las características de inversión dentro del contexto legal e institucional boliviano. En tercer lugar, se identificaron algunos proyectos potenciales como el cultivo del frejol y de trigo (expansión), la producción industrial de resinas de plástico, la industrialización de la madera, el impulso de una empresa metalúrgica-minera, una fábrica textil de telas planas de hilados de algodón y sintéticos, y otra de cemento.
Asimismo se hizo público que la industrialización de la minería (fundición de minerales) generaría un considerable impacto en la economía, incrementando el valor de las exportaciones mineras hasta ocho veces su valor actual. Para lo cual habría que crear empresas mixtas con tecnología de punta. La rentabilidad de la inversión en hornos de fundición podría alcanzar un 200%, tasa inigualable en cualquier sector de la economía.
Ahora bien, no sobra recordar que la desconfianza de parte de los inversionistas nacionales e internacionales radica en el aspecto administrativo. ¿Quién administra y bajo qué condiciones? A pesar de la promulgación de la Ley de Inversiones y la Ley de Empresas Mixtas, persiste la incertidumbre entre los inversionistas. Es por esta razón que en la propia Bolsa de Valores no se logra promocionar nuevos emprendimientos.
Esto también explica por qué el 87% de las empresas inscritas en Fundempresa son unipersonales o familiares.
Conozco el caso de la fábrica de cerveza Heyniken, de la sociedad Servimex, que quebró, al igual que muchas otras, por incongruencias entre los accionistas. Para evitar este tipo de inconvenientes, las nuevas inversiones podrían reglamentarse mediante la creación de patrimonios autónomos, administrados por entes técnico-jurídicos supervisados por firmas auditoras internacionales. Adicionalmente se podría crear un banco de datos respecto a campos de inversión, orientados a financiar instancias de preinversión, tal como lo hacía Inalpre en los 70.
Si bien se han impulsado talleres esporádicos sobre Pymes y Mypes, aún no se han organizado seminarios encaminados a identificar proyectos rentables de envergadura. Asunto que debería ser encaminado por el Estado, de tal manera que se pueda lograr el aval necesario para los inversionistas. Recientemente la Ministra de Planeamiento propuso crear un Viceministerio de Promoción de Inversiones. Sin embargo, tal intención se enmarca bajo la lógica de las agencias que facilitan los trámites a los inversionistas para que puedan establecer su negocio; cuando esta gestión debería preocuparse sobre todo por identificar proyectos atractivos para la inversión privada, tanto nacional como extranjera.
