Beneficiarios del Consejo Nacional de Vivienda Policial (Covipol) protestaron ayer en puertas de esta institución, dependiente de la Policía Boliviana. Denuncian que no se cumplió con la dotación de viviendas que se adjudicaron hace 10 años.
De acuerdo con la versión de los movilizados, 106 familias aportaron durante los últimos 10 años para contar con una vivienda, que ese momento tenía un costo unitario de $us 17.000. Aseguran que a pesar de haber completado el monto, aún no pueden legalizar el derecho propietario.
“Son 10 años que estamos en espera, algunos hace tres años hemos cancelado todo y nadie nos da solución. Vamos a estar a las últimas consecuencias, pedimos que el presidente Evo Morales intervenga esta institución para que marche mucho mejor y se evite la corrupción que existe”, afirmó el suboficial (p) Alberto Morales, representante de los afectados.
Morales afirmó que el martes el grupo de beneficiarios intentó dialogar con las autoridades para darle solución al conflicto pero no tuvieron ninguna respuesta. Agregó que las instituciones financieras les rechazan sus requerimientos de vivienda propia con el argumento de que los uniformados cuentan con una institución específica para gestionar unidades habitacionales. (19/07/2017)
